El bochornoso encuentro en Bruselas entre la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, que reclama una ley de amnistía para que los diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez, ha instalado en la vida política española un debate que va más allá del relato de la preparación de un fraude político dado que España no es una dictadura y no tenemos presos políticos.
Hace solo dos meses, durante la campaña electoral, Sánchez proclamaba que la amnistía no tenía cabida en nuestra Constitución. Aunque perdió las elecciones –el ganador fue el PP– advirtió que con los resultados obtenidos por el PSOE unidos a los de Sumar y los de todos partidos minoritarios que ya una vez habían apoyado su investidura podría repetir la jugada. Pero para revivir a Frankenstein tenía que remover un obstáculo. Necesitaba el apoyo de un prófugo que, a cambio, exigía ser amnistiado por los delitos cometidos en el intento de golpe del ‘procés' y qué, además, quería volver a Cataluña bajo palio: como el héroe capaz de conseguir que el Gobierno de la ‘aborrecida' España declarara que el referéndum del 1 de Octubre del 2017 fue legal y que fueran borrados los delitos, pendientes de juzgar, de cuantos participaron en aquella jornada.
Y en eso están trabajando, buscando una ‘fórmula que encaje'. Sí Sánchez sigue adelante con su plan y consigue forzar en un tiempo récord la aprobación de una ley de amnistía –como exige Puigdemont– el desgarro que va a provocar en el ámbito de la Justicia será grande.
Hace solo dos meses durante la campaña electoral Sánchez negaba con rotundidad cualquier posibilidad de amnistía. Ahora necesita los votos de los seguidores del prófugo y no se detendrá. Tiene prisa.