A medida que transcurren las semanas, ya cabe preguntarse qué pretende Alberto Núñez Feijóo con su casi quimérica pretensión de lograr la investidura como presidente del Gobierno, tarea a la que dedica tiempo y esfuerzo mientras su oponente, Pedro Sánchez, se ha marchado a pasar calor a Marruecos y La Mareta. Algo no cuadra en este escenario político poselectoral, el cual le debe provocar sudores fríos al rey Felipe VI que pueda que sea, al final, el que tenga que apechugar con el tema. El líder del PP pretende convencer al monarca de que él es el candidato idóneo y que dispone de los votos necesarios para acceder al cargo –más después de que Vox anunciase que renuncia a cualquier cargo en el hipotético Consejo de Ministros–. Lo cierto es que los números todavía no salen, por poco, pero no salen. El de Núñez Feijóo podría ser el primer caso de un aspirante propuesto a la investidura de presidente por el Rey y rechazado por el Congreso.
Por su parte, los socialistas tampoco parecen perder el tiempo y no ocultan sus contactos con el resto de fuerzas anti PP/Vox para recabar apoyos para Sánchez, aunque para ello requieren del concurso de Junts; la formación independentista catalana que dirige desde Waterloo el inefable Carles Puigdemont. ¿Cree el PP que obtendrá réditos en el futuro obligando al PSOE a aceptar las condiciones de Junts para poder seguir en La Moncloa? Es una posibilidad. Elevar el precio del apoyo de sus diputados en el Congreso es una buena baza para Puigdemont en las ya cercanas elecciones a la Generalitat catalana. Obligar a explicitar el voto por parte de Junts es una manera de condicionar a Pedro Sánchez, aunque a éste le importe un bledo sus compromisos; siempre se pueden incumplir.
Tan seguros se ven los socialistas del triunfo final que hasta ya circulan rumores sobre el reparto de cargos importantes, entre los que aparece la expresidenta balear Francina Armengol, la cual suena como presidenta del Congreso o ministra. Fue en esta misma columna en la que ya se advirtió que la huida de Armengol a Madrid sólo se justificaba con un cargo de relumbrón en la capital del Estado; de lo contrario la distancia siempre es el olvido y esto en política se paga muy caro. Habrá que ver en qué acaba todo esto, pero no olviden que estamos hablando de una cuestión de supervivencia.
Huir del sectarismo
Me sorprenden algunos comentarios respecto a la continuidad de algunos altos cargos del anterior Govern cuya eficacia nunca se ha puesto en entredicho. Me refiero al responsable de Salut Mental, Oriol Lafau, y el director general de Agricultura, Fernando Fernández. Vaya por delante que la derecha, en términos generales, tiene menos dosis de sectarismo que la izquierda cuando llega al poder, pero en el caso del conseller de Agricultura, Joan Simonet, la cosa ya le viene de antes. De hecho, ocupó la Alcaldía de su pueblo Alaró, con los votos del PSM –ahora Més/Sumar lo que haga falta– sin que nadie en el Partido Popular se rasgase las vestiduras. Ejercer el poder supone, en primer lugar, resolver los problemas de los ciudadanos y para ello hay que buscar siempre las personas idóneas.