Hay que tener muy poco respeto a los ciudadanos o pensar que somos unos desmemoriados o, peor, bobos para pregonar que la reforma del sistema de financiación de las autonomías es urgente. Lo ha dicho la ministra de Hacienda en funciones, M. J. Montero, la dirigente socialista más saltarina durante la noche de celebración de la dulce derrota del PSOE en las elecciones de hace quince días.
Se trata del mecanismo de reparto de dinero público del que depende en buena medida la capacidad de gasto de las comunidades autónomas. El actual modelo lleva caducado desde 2014 y uno de los acuerdos de la anterior coalición PSOE-Podemos era proceder a su inmediata revisión. Pero se quedó en la intención entre otras razones porque de hacerlo se abría una tremenda brecha entre los gobiernos autonómicos del propio PSOE. Todas las comunidades se consideran mal financiadas y exigen más fondos, de forma que los niveles de endeudamiento han alcanzado límites insostenibles, y no siempre para financiar servicios públicos. Al hurtar el debate, Pedro Sánchez evitaba que sus presidentes autonómicos se despellejaran unos a otros. No son tan lejanos aquellos días en que Francina Armengol hacía de la financiación autonómica su demanda fundamental frente al gobierno de… Mariano Rajoy. Luego llegó Pedro Sánchez y mandó parar. La cuestión desapareció de la agenda de la entonces presidenta del Govern.
Después de las elecciones de mayo sólo quedan dos presidentes regionales socialistas, en Asturias y Castilla-La Mancha (Navarra tiene su propio sistema foral). Por otro lado, las elecciones generales obligan a Sánchez a buscar apoyos a cualquier precio si quiere resistir en La Moncloa. Sus potenciales aliados ya han puesto sobre la mesa el tópico de que no entregarán un cheque en blanco que significa abrir la cuenta de exigencias. El independentismo catalán quiere una negociación solo a dos bandas para en primer término condonar su deuda, más de 70.000 millones de euros, y lo ya conocido: amnistía y referéndum de independencia, requerimientos inconstitucionales que si se mantienen difícilmente puede haber gobierno. Aunque tratándose de Sánchez nunca hay que hacer suposiciones de ese calibre.
Lógicamente, el resto de comunidades quieren lo mismo que pueda concederse a Catalunya en materia de deuda y más dinero, aunque en base a criterios que no son coincidentes. A Sánchez ya le va bien que sean los presidentes del Partido Popular quienes se lancen a la confrontación. No tiene barones que puedan preocuparle. De ahí que la revisión de la financiación autonómica pueda servir de zanahoria para las comunidades mientras que «con discreción», esto es, a puerta cerrada, se negocia con los partidos que quieren acabar con la Constitución, el Junts del prófugo Puigdemont en lugar destacado por su capacidad sobrevenida de decidir el gobierno.
En cualquier caso no es solo la investidura lo que está en juego. También la gobernabilidad del país. De formar gobierno Sánchez, se puede presumir una legislatura en la que el centro de atención serán los intereses de los partidos y no el general de España. En el discurso inaugural de su mandato, enero de 1961, JFK señalaba que «aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomos de un tigre, acabaron dentro de él».