Hace unos años, o quizás varias décadas, algunos creíamos que las VPO eran viviendas que tenían por objeto ayudar a aquellas personas con menos recursos para que accediesen a un inmueble por un precio razonable. Las administraciones hacían de intermediarias y se pagaban también unos precios moderados por los inmuebles, que se construían en barrios donde el suelo era más barato y que se edificaban sin lujos pero con todas las necesidades cubiertas. Esta es la teoría hasta que supimos hace unas semanas que el Govern de Armengol, tirando de talonario, quería comprar 88 pisos en Palma a 3.709 euros el metro cuadrado, generando unas pérdidas de 5,8 millones ya que el tope de las VPO es de 2.690 euros. Un técnico de la Administración autonómica escribió que «el precio de estos pisos es inferior a la media de venta de la zona pero, como es obvio, no lo suficientemente bajo para que resulte económicamente positiva la conversión de la promoción en VPO». Las pérdidas se reducían si las viviendas se destinaban a alquiler, decían los técnicos. En total estos pisos de VPO costaban casi 300.000 euros más IVA. Esta operación inmobiliaria, además, tenía que cerrarse el 5 de julio con un Govern en funciones, si bien las medidas cautelares del juez lo impidieron. Dicho expediente comenzó cuatro días antes de las elecciones. En fin, que lo más lógico era dar marcha atrás porque ni el Govern puede realizar estas operaciones en funciones ni se pueden pagar 3.700 euros el metro cuadrado por VPO.
A partir de ahí la Fiscalía debería intentar saber más detalles sobre la operación, conocer a los propietarios de la promotora de los inmuebles y tomarles declaración para que expliquen cómo se realizó, y después llamar a todos los políticos que intervinieron. Si al presidente Vicent Marí le han imputado por contratar un vídeo de promoción turística de 250.000 euros, lo razonable es llamar a medio Govern por intentar comprar 88 pisos por 300.000 euros la unidad. Sinceramente, no confío en que la Fiscalía adopte ninguna medida al respecto y no entiendo la candidez del actual Govern al recurrir a este órgano judicial conociendo otros precedentes, pero el intento de pelotazo realmente es histórico.
Se ve que ahora lo progre, lo superguay, es hacer VPO a cualquier precio. De hecho, en Ibiza se ha puesto en marcha una promoción pública en el centro de la ciudad con un coste por unidad de 360.000 euros. Con este tipo de estrategia lo más razonable y fácil sería comprar vivienda libre y luego revenderla como VPO a los solicitantes con escasos recursos. Porque parece claro que esta política de VPO arruinará a cualquier administración. Por fortuna ha ganado el sentido común y nos hemos perdido muchas fotos de entregas de llaves por un ojo de la cara.