Miedo da el mero hecho de que Junts (independentistas de derechas con siete escaños decisivos en el Congreso) se preste a hablar con el PSOE y con el PP sobre la gobernabilidad del Estado.
Hablamos de un partido cuya estrategia consiste en la negación de ese Estado. Y de un Estado cuyos partidos centrales descansan sobre un colchón parlamentario equivalente a casi el 75 % del Congreso (258 diputados) y sociológico del 65 % de los votantes (16 millones) en las últimas elecciones generales. Sin embargo, Sánchez y Feijóo no se hablan. La comunicación entre los dirigentes que representan los pilares de la centralidad es inexistente. Solo se encuentran en el charco, la bronca y la mutua falta de respeto que se profesan. Ergo, la estabilidad del país depende de minorías extremistas, siendo decisivas las de aversión declarada al vigente orden constitucional con tendencia a favorecer el Gobierno de quien no ha ganado dichas elecciones.
Así, el Gobierno que salga del Congreso saldrá inseguro y tambaleante desde el minuto uno, a merced de fuerzas abonadas a la deslealtad constitucional que las define. Y todo eso ocurre porque lo que describo retrata una anomalía del sistema. La que permite a Junts (siete diputados frente a los 258 instalados en la centralidad) reclamar de un eventual Gobierno PSOE-Sumar una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación como condición para apoyar a Sánchez. Tampoco es anomalía de menor cuantía el hecho de que Junts anteponga lo identitario a lo ideológico. No es el caso de la derecha nacionalista vasca (PNV), que sí ha puesto por delante una cuestión ideológica al anunciar su rotundo no a un Gobierno del PP asociado a la ultraderecha. Tampoco es el caso de las dos izquierdas nacionalistas, ERC y Bildu, conjuradas estratégicamente para impedir a toda costa un Gobierno de la derecha, sin perjuicio de mantener vivas sus aspiraciones independentistas por la vía del diálogo, la negociación y los atajos de nunca acabar.