La palabra gueto se ha colado en las noticias en referencia a la vivienda pública a construir en el antiguo cuartel de Son Busquets, en manos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Si por gueto entendemos aislamiento y marginación, resulta significativo que se asocie a la vivienda pública, entendida como derecho social básico y no como mercancía. No disponer de vivienda asequible sí está creando espacios marginales y aislados, en los que ya se vive en autocaravanas y coches en el mejor de los casos, cuando no en chabolas, sin servicios adecuados y en condiciones precarias.
En un territorio escaso, en una ciudad que concentra el 50 % de la población de la Isla y dominada por un mercado especulativo, tanto local como vinculado a la inversión extranjera y al negocio turístico, seguir construyendo y expandiendo la ciudad no solo es una locura medioambiental y una dificultad para abastecer de servicios a los barrios sino inútil para hacer bajar el precio, como ya quedó demostrado en la burbuja inmobiliaria anterior.
No falta vivienda, sobra precio, por eso comprar o alquilar es imposible para la mayoría de la población y la onda expansiva afecta ya a toda la Isla. El problema no se va a solucionar mientras las políticas institucionales protejan y sirvan prioritariamente al sacrosanto mercado especulativo y consideren el derecho ciudadano a la vivienda como una cuestión de guetos y limosnas para pobres o se tomen tímidas y confusas medidas paliativas, pero sin abordar el problema principal.