La cifra hace pensar: en el último trimestre se han dejado de cubrir más de 149 mil empleos. La pregunta es cómo es posible que suceda algo así cuando la cifra de parados alcanza más de dos millones setecientos mil. Algo no encaja y me temo que no es que las estadísticas estén mal elaboradas. Al parecer la causa es que en nuestro país hay puestos de trabajo sin cubrir por falta de personas que quieran ocuparlos.
O sea que algo no funciona y es urgente que el Gobierno y los sindicatos, amén de los empresarios, den una respuesta a este problema.
Vaya por delante que defiendo que el Estado del bienestar no puede dejar a nadie al pairo y por tanto si una persona no encuentra empleo debe contar con la ayuda del Estado para subsistir, eso es indiscutible y en este terreno no se debe dar ni un paso atrás. Ahora bien, si hay puestos de trabajo sin cubrir entonces hay que buscar una respuesta y una solución para que esto no ocurra.
El pasado mes de marzo el líder de UGT, Pepe Álvarez, planteó que si alguien cobra un subsidio público y rechaza un trabajo quizá se debería retirar ese subsidio. Y como en nuestro país hay un regusto por la demagogia a Álvarez le dijeron de todo y no le condenaron a los infiernos de casualidad.
Pero más allá de las cifras estadísticas solo hay que darse una vuelta por cualquier ciudad para ver los carteles de ofertas de empleo desde personal de hostelería, a personal de comercio, cuidadores de personas mayores, o ingenieros. Tanto da, lo cierto es que hay empleos sin cubrir.
A mí me parece que quienes cobran un subsidio deberían reflexionar sobre de dónde sale el dinero. Y el dinero sale del impuesto de los ciudadanos, es decir del esfuerzo de quienes tienen un empleo y comparten los frutos de ese esfuerzo con quienes carecen del mismo. Por tanto, la primera reflexión es que los subsidios son fruto del esfuerzo colectivo y no una concesión del Gobierno. Y quienes rechazan un trabajo de alguna manera están menospreciando ese esfuerzo.