Los taxistas del aeropuerto plantaron el lunes a los clientes que necesitaban sus servicios y, en vez de trabajar, armaron una trifulca con otros profesionales a los que tacharon de «ilegales». Días antes, los presidentes del gremio, Biel Moragues y Antoni Bauzá, habían dado a entender que este verano será como el de 2022. Es decir, que las centralitas, saturadas, tal vez no responderán a las llamadas; los servicios se demorarán por horas; no habrá vehículos con el cartel de libre por las calles y las colas serán enormes en las paradas al atardecer y por la noche. Moragues y Bauzá culpan a los políticos de este desastre. Aseguran que no tienen tiempo para poner en funcionamiento los 200 vehículos suplementarios que autoriza el Govern en Palma en temporada alta, ni hay taxistas «legales» suficientes. Entonces, ¿qué? A los políticos los podemos echar, o cambiar, pero no podemos prescindir del sector del taxi, ni tampoco podemos contar con los servicios de Uber, Cabify o de los «ilegales». Sólo nos queda la crítica, el derecho al pataleo. Así pues, decir a Moragues yBauzá que un gremio bien organizado no consentiría jamás lo que sucedió el verano pasado con el servicio de taxi en Palma, ni lo ocurrido el lunes en Son Sant Joan. Esto es vergonzoso, un perjuicio para la sociedad en su conjunto. Dirigentes responsables buscarían soluciones bajo las piedras, evitarían hablar de nuevas hecatombes y lamentarían la conducta de los profesionales que abandonan a los clientes. Los residentes tenemos la sensación de ser víctimas de un monopolio llorón, egoísta e incompetente que debe cambiar de chip.
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