El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pasaba por ser, cuando Sánchez lo fichó, un profesional con currículum. Su paso por la Airef se caracterizó por la realización de estudios destacados sobre eficiencia del gasto público o por informes sobre qué hacer con el Sistema Público de Pensiones. Sin embargo, hace ya tiempo que sus actuaciones al frente del Ministerio han sorprendido para mal. Está claro que no proporcionó ningún consejo al Gobierno sobre cómo reducir gasto público improductivo, mientras subían impuestos o ponían en marcha nuevos tributos, que la Seguridad Social es un auténtico caos y que ha abandonado sus propuestas para hacer sostenible el sistema de pensiones sin dañar el empleo, ahuyentar inversiones y talento y poner en mala situación a autónomos o grandes, pequeñas y medianas empresas. El pasado viernes, dos meses y medio más tarde de la fecha comprometida con Bruselas, anunció que había llegado a un acuerdo con la Comisión Europea sobre cómo reformar las pensiones en España al que también se había sumado Podemos. El acuerdo, si llega a su fin, supone cumplir uno de los hitos comprometidos para recibir un tramo de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Los cambios propuestos han sido, sin embargo, pésimamente acogidos por los empresarios, ya que la «reforma» va a significar un aumento del gasto, que será compensado con mayores ingresos provenientes de las cotizaciones sociales. El hecho de que para el cálculo de la pensión se mantengan los últimos 25 años cotizados o bien los 29, eliminando los dos peores, no va a arreglar nada. Es más, puede empeorarlo, de ahí que haya decidido que el peso de mantener el statu quo se asiente sobre aumento de ingresos, es decir, las cotizaciones, lo que con toda seguridad empeorará el empleo y los salarios. Es tremendo, pero es así, que a los funcionarios de Bruselas les dé igual el resultado si sobre el papel las cuentas mínimamente cuadran. Después vendrán los llantos.
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