Impasibles ante el dolor de las víctimas, que asisten perplejas al río de excarcelaciones y rebajas de penas a varios centenares de condenados por delitos sexuales, los dirigentes de Podemos se niegan a modificar la ley cuyas deficiencias técnicas están en el origen de tan lamentable estado de cosas. Cuesta entender que se haya llegado a este punto de irracionalidad y que el presidente del Gobierno, de cuyo Gabinete forma parte Irene Montero, no sea capaz de cortar por lo sano destituyendo a una ministra tan obcecada.
Que todo esto suceda en vísperas del 8-M, la Jornada Mundial de la Mujer, añade un punto de estupefacción ya qué quienes dicen defender los derechos de la mujer son quienes demuestran una falta insoportable de sensibilidad hacia ellas negándose a reformar una ley cuya aplicación permite excarcelaciones y rebajas de condenas.
Estamos donde estamos en razón de un pulso político entre los socios del Gobierno de coalición que los morados han querido llevar hasta las puertas del 8-M con la intención de convertir las manifestaciones de este miércoles en una suerte de plebiscito favorable a la ministra de Igualdad. Desde fuera del Parlamento, Pablo Iglesias –que sigue al timón de Podemos– mantiene el pulso con Sánchez. Un pulso político que se proyecta sobre los intereses electorales de los dos partidos.
El escándalo de las excarcelaciones, según las encuestas más recientes, penaliza más al PSOE que a Podemos. Quizá porque el personal entiende que el responsable último de esta ley aprobada en Consejo de Ministros es el presidente del Gobierno, que ha dejado pasar más de cuatro meses antes de decidirse a reformarla, desatendiendo las voces que alertaban acerca del estupor social que estaban generando las excarcelaciones y rebajas de penas a varios centenares de delincuentes. El pulso entre Sánchez e Iglesias viene de atrás pero se irá intensificando a medida que se acerca la fecha de las elecciones.