El Pleno del mes de febrero del Ayuntamiento de Palma, por unanimidad, volvió a rechazar los proyectos de restauración de sa Garrigueta Rassa y Can Roselló e instó al Consell y al Govern balear a un acuerdo conjunto para adquirir los terrenos y convertirlos en un espacio público. También la DGT se ha pronunciado sobre el «riesgo latente para la seguridad vial… de la suficiente entidad como para que pueda reconsiderar el plan de rehabilitación propuesto…».
¿Cuál es el valor que dan a la propuesta de la ciudad de Palma el Consell y el Govern? ¿Cuándo se va a ejecutar el mandato del Pleno? Sabemos que cualquiera de las tres instituciones puede hacerse cargo, pero en buena lógica, la Dirección General de Industria del Govern tiene los recursos económicos y los recursos técnicos para adquirir y abordar la rehabilitación del espacio, lo que no quita que haya colaboraciones concretas del Consell y del Ayuntamiento.
Necesitamos conocer el nivel de coherencia entre el discurso político que habla de gobernar para la ciudadanía y la tramitación de unos proyectos contaminantes, que ponen en peligro la seguridad vial y el acuífero, dudosamente viables y cuyo diseño técnico no responde a una exigencia legal. ¿Contaremos con el apoyo de la presidencia del Consell y, especialmente, del Govern? ¿Se van a situar junto al interés general, expresado por unanimidad, de la ciudad de Palma o junto al interés particular de las dos empresas promotoras? Es hora de saberlo.