Hace unos días escuché que el Ayuntamiento de un pueblo abrió una calle y la asfaltó, pero tuvo que dejar un poste de luz en medio de la calzada. La imagen en la tele era surrealista. El alcalde asumió la chapuza, pendiente de que la compañía quite el palo del medio de la nueva vía. Quizá lo clave en medio de la acera. Lo refiero porque en Sóller tienen también problemas de competencias, legalidades y sinsentidos. El Consell no permite a la eléctrica la generosa idea de conducir subterráneamente «líneas de alta tensión que cuelgan de calles y huertos». Carreteras pone pegas en varios centenares de metros de los dos kilómetros que se quieren soterrar aprovechando las canalizaciones de agua y alcantarillado que ha iniciado el Ayuntamiento. Nada nuevo, aunque es obligatorio que los nuevos tendidos sean subterráneos.
No puedo contar los años que medios de comunicación, organizaciones y gentes (de bien) protestan porque las empresas de electricidad, telefonía y fibra se aprovechen de que son instalaciones viejas, mantienen el derecho de pernada como ejercicio abusivo del poder que les dan las leyes para ocupar dominio público y privado, obstaculizar aceras con postes de madera y cemento, mantener manojos de cables que cuelgan de esquina a esquina, clavarlos en fachadas y afear monumentos.
La pregunta es cuándo se pondrán de acuerdo todos los implicados para desliar el amasijo. Es caro, pero más que gasto es inversión no solo estética en un contexto turístico. El ciudadano también tiene derecho a levantar la vista y ver despejado su paisaje de cada día.