Las ideas con gancho para las próximas elecciones locales y autonómicas brillan por su ausencia y eso que ya sólo quedan menos de tres meses, razón por la que los partidos recuperan temas del pasado con la vana intención de ilusionar a los ciudadanos y captar votos. El caso más notorio de los últimos días es la insistencia de la progresía balear en limitar la venta de inmuebles a extranjeros como fórmula mágica para abaratar el precio de la vivienda, una correlación que ninguna voz autorizada ha validado como solución real al problema que se quiere solventar. Los más combativos en este tema son los ecosoberanistas de Més, los cuales han logrado arrastrar al PSIB a pesar de que ven el tema con desgana; la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dicho ya en varias ocasiones que esta iniciativa no tiene encaje en las vigentes normas de la Unión Europea. Ello, por supuesto, no amilana a Lluís Apesteguia y sus corifeos, que siguen erre con erre con su cantinela de la que deben pensar que encanta a toda su parroquia.
Hay un aspecto que demuestra la cobardía de los que apoyan ese coto a los no residentes, puesto que Apesteguia nunca ha reclamado la reciprocidad; del mismo modo que un sueco, alemán o argelino deberá demostrar un mínimo de tiempo establecidos en las Islas para ser propietario de una casa esta obligación también afectará a los insulares cuando quieran adquirir una vivienda fuera de la Comunitat Autònoma y, por supuesto, en cualquier otro país de la Unión Europea. Es más, también debería valorarse si la prohibición debe afectar a los propios residentes, los cuales tienen la mala costumbre de interesarse por urbanizaciones y localidades próximas al mar. ¿Se prohíbe comprar en la Colònia de Sant Jordi, Port de Pollença, Can Picafort...? ¿Sólo para los indígenas? Ya ni les cuento lo prohibidísimo que debería estar para un balear el poder comprar una casa fuera de su isla. ¡Pecado!
Esto de matar moscas a cañonazos se extiende de manera muy peligrosa. Me explico. Hace unos meses, el presidente del GOB, Amadeu Corbera, en su twitter personal defendía que a estas alturas el poder irse de vacaciones no puede considerarse un derecho de los trabajadores; el ocio en casita. Reitero que no conozco ya ningún mallorquín que no haya visitado como mínimo cinco capitales europeas en la última década. Mucho exigir que vengan menos turistas pero poco interés en frenar el éxodo insular por conocer Disneyland París, hay que ser lógicos; si no queremos que vengan nosotros tampoco salimos a contaminar sus ciudades. Coherencia, por favor.
Risotada ministerial les recomiendo que lean la información municipal de este periódico del pasado miércoles. Resulta que del famoso acuerdo para la urbanización de los terrenos de Son Busquets, que debían permitir la construcción de 850 viviendas de protección oficial nada se sabe, el Ministerio de Defensa no ha movido ni un solo papel para su transferencia al Ministerio de Transportes; una denuncia formulada por el edil del PP en Cort Julio Martínez sin que el alcalde José Hila haya rectificado, desmentido o matizado la cuestión. Como ven, lo del encarecimiento de la vivienda les importa un bledo a nuestros políticos.