En los últimos tiempos Palma ha escalado de manera vertiginosa en el ranking de las ciudades más inseguras de España. Según datos del Ministerio del Interior la tasa de criminalidad alcanza ya los 62,9 casos por cada 1.000 habitantes. Esta era una cifra inimaginable en 2015, cuando Palma fue elegida como «mejor lugar del mundo para vivir» por el diario londinense The Times, entre otros factores por sus bajos índices de delincuencia. ¿Cómo ha podido empeorar tanto la situación en tan solo ocho años?
Con su buenismo trasnochado y su ineptitud en la gestión municipal la izquierda ha convertido Palma en un parque temático de la inseguridad y la delincuencia. Pasear hoy por algunos de los espacios públicos más transitados de la ciudad constituye una actividad de riesgo para cualquier residente o visitante. En la plaza de España o en el parque de ses Estacions, por ejemplo, ‘operan' a plena luz del día las mismas bandas que okupan sucursales bancarias causando graves problemas de convivencia a los vecinos.
El problema no es que los focos de inseguridad se hayan trasladado de la periferia al centro de Palma, sino que la inseguridad se ha extendido por todos los barrios. El sentido común nos dice que la mayoría de palmesanos debería sentirse tranquila en las calles, y que son los delincuentes los que deberían circular inquietos. Pero dos legislaturas de Hila al frente del equipo de gobierno municipal han logrado exactamente lo contrario. Los delincuentes e incívicos campan a sus anchas mientras los ciudadanos de bien deben cuidarse de no cruzarse con ellos.
Uno de los orígenes de este deterioro de la seguridad ciudadana está en el desprestigio al que Hila ha sometido a nuestra Policía Local. Dando crédito a acusaciones que los tribunales han demostrado infundadas, el alcalde puso en tela de juicio la honestidad de todo un cuerpo. Esta actitud, además de injusta, ha constituido un error muy grave que ha traído consecuencias nefastas para la seguridad ciudadana.
A día de hoy, menos de la mitad de la plantilla de la Policía Local está disponible para desempeñar cualquier tipo de servicio sin restricciones. Este es el motivo por el que, fuera de los horarios de entrada y salida de los colegios, es difícil encontrar policías locales en las calles de Palma. Esta evidencia la sufren cada día los vecinos, y lo que es peor, es una ausencia que conocen los delincuentes.
Si el 28 de mayo los ciudadanos de Palma me otorgan su confianza para ser alcalde, me comprometo a ejecutar un plan de choque en los primeros cien días para intensificar la presencia policial en las zonas donde se están produciendo la mayoría de delitos. Vamos a potenciar las Unidades de Intervención Inmediata, la Unidad GAP y la Unidad Motorizada, así como la Unidad Montada específicamente para el centro de Palma. Se trata de garantizar una presencia constante de patrullas y agentes que cumplan con un objetivo disuasorio, pero al mismo tiempo con capacidad de respuesta rápida ante las acciones delictivas que se puedan producir.
La idea de proximidad es el antídoto perfecto contra la creciente percepción de inseguridad que nos trasladan los ciudadanos. Por eso vamos a recuperar la figura del policía de barrio que tanto demandan las asociaciones vecinales. Será un agente que además de velar por la seguridad pueda prestar algún servicio administrativo y servir de enlace entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.
Para poner la policía en la calle es imprescindible liberar efectivos de tareas burocráticas para que puedan desempeñar labores efectivas de seguridad ciudadana. Además, el objetivo es incorporar 300 nuevos agentes a lo largo de la próxima legislatura. En el Partido Popular esta nos parece la mejor manera de dignificar el trabajo y mejorar la imagen de la Policía Local ante los ciudadanos, dotando al cuerpo de las condiciones laborales y los recursos necesarios para que puedan cumplir con su trabajo como servidores públicos.
Hay desgracias que no son fruto de la casualidad. En los delitos de okupación la izquierda que gobierna el Ayuntamiento de Palma lleva ocho años situándose más cerca de los delincuentes que de las víctimas. En los casos de vandalismo y la plaga de grafitis, han descartado aplicar medidas más coercitivas por considerarlas «ineficaces» frente al problema. Llegados a este punto de degradación la gente se revuelve y nos reclama «mano dura» frente al incivismo y la delincuencia. Para mí esa «mano dura» no significa otra cosa que hacer cumplir las ordenanzas y crear las condiciones que permitan a la policía hacer su trabajo. Y para eso no necesitamos ocho años.