En la estela de Pedro Sánchez y su estrategia de ocupar las instituciones con el fin de que no se le pueda cuestionar el descalabro institucional que está provocando con sus desmanes, Francina Armengol ha querido evitar cualquier posibilidad de conflicto, a las puertas de unas elecciones, con el control del convenio de hostelería, de forma que el Govern ha pretendido ser actor principal de una negociación en la que ni siquiera es parte. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo.
Los hechos son conocidos. El conseller de Turismo, escoltado por sus directores generales de Turismo y de Ocupación, convoca en dependencias del Govern a una parte del empresariado turístico y al sindicato UGT y tras una reunión de ocho horas el propio Govern anuncia la firma de un preacuerdo sobre el convenio más importante de la economía de Baleares, hostelería, 160.000 trabajadores, que sus altavoces se apresuran a contar como un gran éxito de la capacidad negociadora de la administración autonómica.
La primera pregunta es qué pinta el Govern en una negociación entre empresarios y sindicatos y, a partir de ahí, en algunos ambientes empresariales se pone en cuestión el papel de la dirección de la Federación Hotelera de plegarse a los designios del Govern. Por la parte sindical, CCOO, ninguneada, rompe la baraja y califica el acuerdo de «clandestino y apresurado», se opone a la legalidad del mismo en tanto en cuanto no están representadas todas las partes concernidas, el sindicato y también las patronales de Restauración y la del ocio nocturno, y denuncia el convenio en vigor, amenazando con un inicio de temporada turística conflictivo, de manera que será necesario reunir una mesa de negociación en la que estén presentes todos los implicados. A pesar de las descalificaciones mutuas entre UGT y CCOO, al final prevalece el principio de no hacerse excesivo daño. De hecho, ambas organizaciones dependen del apoyo económico público.
Históricamente, en la firma de convenios importantes, y por cortesía de los partícipes, se invitaba al Govern para el acto de la firma del acuerdo. Solo en el caso de extrema dificultad para cerrar el acuerdo, por invitación de alguna de las partes en disputa, se solicitaba la mediación de la Administración. No como ha sido en el caso del frustrado preacuerdo de hostelería, un papel tan activo como el desarrollado por el conseller de Turismo, Iago Negueruela, brazo ejecutor de las políticas de Armengol, que ha intentado capitalizar un acuerdo que se ha demostrado precipitado y parcial. De hecho, la posterior petición de perdón a CCOO del conseller por las formas no termina de resultar convincente para obviar el exceso.
En la feria de turismo de Madrid, Fitur, la presidenta Armengol intentaba quitar hierro al desencuentro afirmando que «es normal que haya disputas en momentos de tensión negociadora», y no le falta razón. Sin embargo, lo que no es normal es que sea el mismo Govern el que haya embarrado el campo de juego con la finalidad de apropiarse de un desenlace que en buena lógica corresponde a empresarios y sindicatos, cada cual en su papel. Al final, la cuestión de fondo es el ánimo intervencionista del Govern de izquierdas, en este caso en la economía y, por extensión, en la vida de cada uno de los ciudadanos.