Nos aboca el calendario a vivir un año que en términos políticos concluirá en medio de fuertes tensiones vinculadas al resultado de los dos procesos electorales que tenemos por delante: comicios locales y autonómicos y elecciones legislativas. Los primeros, a celebrar el próximo 28 de mayo, se perfilan como una suerte de meta volante respecto de la gran prueba que nos aguarda en las generales. La batalla política se ha traslado desde el Parlamento a órganos como el CGPJ o el Tribunal Constitucional. En este último estamos asistiendo al acantonamiento de dos bandos que trasladan hacia fuera la imagen de pérdida de la exigible independencia de quienes, como magistrados y por ley, están llamados a ser independientes.
Tal vez sea injusto decirlo así, pero es apariencia que prefigura el ser. Y la apariencia es que hay dos sectores –el conservador y el progresista– que reflejan de manera simétrica la actual división entre derechas e izquierdas en el Congreso de los Diputados. Los nombramientos de magistrados a propuesta del Gobierno han venido a confirmar esa división. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo; la ex directora general de Presidencia, Laura Díez, unidos a los de María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano, amén de coronar una mayoría del sector ‘progresista' se han hecho acompañar de algunas declaraciones que han encendido suspicacias al respecto de lo que pudiera ser la actuación del TC ante futuros recursos o consultas de constitucionalidad. Están pendientes recursos -hasta un total de quince.
Y los que podrían venir caso de que Pedro Sánchez consiguiera renovar mandato y ampliara sus concesiones a los separatistas. En Cataluña, sus socios de ERC reclaman la celebración de un referéndum que tal vez pueda quedar en un pacto para la aprobación de un Estatuto soberanista que recupere los contenidos que el TC declaró inconstitucional por la sentencia 31/2010.