La proposición de ley del PP que pretende la elección corporativa de los doce vocales del CGPJ elegidos entre jueces y magistrados en nombre de la despolitización y la independencia judiciales es una nueva maniobra dilatoria para prolongar la mayoría conservadora de una institución cuyo mandato expiró hace ya más de cuatro años. Levantemos acta de la persistencia del PP en prolongar esta anomalía democrática, que vuelve a ser utilizada a modo de chantaje en un asunto de naturaleza ideológica de la izquierda (la innegociable extradición parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ). Eso no exculpa al Gobierno que, con otros argumentos y mismo propósito de reconquistar una mayoría progresista en el gobierno de los jueces, usa su fuerza parlamentaria para cambiar las reglas del juego con el partido en marcha.
Era una forma segura de encastillar al PP en su censurable posición. Generó dos derivadas tóxicas. Una, el reciente frenazo del Constitucional a seguir tuneando la normativa relativa al funcionamiento interno tanto del CGPJ como del TC. Y otra, ganarse a pulso la enemiga de la Judicatura con absurdas, insensatas y contraproducentes alusiones a la supuesta ideología ‘facha' de los jueces en general. Pero vamos a lo que, en mi opinión, es el fondo del asunto: la Justicia emana del pueblo. Por tanto, es razonable, legal, justo y necesario que al CGPJ lo nombre el pueblo a través de sus legítimos representantes. Pura lógica democrática. Eso no ataca la independencia judicial o el dogma civil de la separación de poderes. No mezclemos el Poder Judicial con el gobierno del Poder Judicial. Son extravagantes las alusiones a la muerte de Montesquieu de quienes piden a los políticos que quiten sus manos de la justicia. Confunden el fuero jurisdiccional (independencia, inamovilidad) con tareas básicas de inspección, nombramientos, ascensos y régimen disciplinario.