Uno de los agentes imputados durante años por el ‘caso Cursach' compareció en el último pleno para explicar la odisea que ha vivido durante todos los años en los que fue perseguido con acusaciones falsas sobre delitos que nunca se han podido demostrar. El agente explicaba que ha estado cuatro años suspendido de empleo y sueldo, pero lo que quería era recuperar su puesto como funcionario y, por supuesto, exigía disculpas al alcalde de Palma. Otros de los afectados por esta falsa trama han contado que se han sentido muertos civilmente, lo que en tiempos en los que teóricamente existe un Estado de derecho resulta bastante bochornoso. Tiempo habrá para que todos ellos puedan o no ser compensados por lo que han vivido, aunque supongo que el dinero no curará todas las heridas que han tenido que sufrir tanto ellos como sus familias. Lo que sí debería servir este asunto es para confirmar el tipo de políticos que tenemos en las instituciones, incapaces de pedir disculpas a pesar de haber participado activamente en el linchamiento público de unos acusados que han sido absueltos. Recuerdo que algunos de los todavía concejales del gobierno de Cort, el peor de la historia a mucha diferencia del segundo, pedían responsabilidades políticas a personas que ni siquiera estaban imputadas simplemente por tener alguna relación personal con uno de los investigados, lo cual eleva dichas responsabilidades hasta un grado de excelencia difícil de entender. Por eso hoy se entiende que Alberto Jarabo, uno de los principales actores políticos de esta infamia, tuviese que abandonar un restaurante de Palma cuando comenzó a ser abucheado por los comensales.
De esta trama ahora mismo solo me interesa la parte política, las responsabilidades que se deriven de participar en cacerías para acabar con personas por un interés político. Porque lo que Hila y sus socios de gobierno han buscado con este asunto no ha sido meter a policías en prisión. Su objetivo ha sido que este asunto judicial tuviese consecuencias en las elecciones, de decir, que el PP no pudiese recuperar el poder en Palma en muchos años.
Tras lo visto me temo que las disculpas no son suficientes. Los ciudadanos que pagamos impuestos en Palma y cuyo dinero servirá para indemnizar a los inocentes y pagar abogados debemos saber qué hizo cada uno de los políticos disfrazados en fiscales para dañar a los adversarios a través de una trama más falsa que un trampantojo. El autodenominado gobierno de las personas ha resultado ser el gobierno de la infamia, incapaz de estremecerse por testimonios como los de los policías del último pleno. Si ellos han estado muertos civilmente durante años, los responsables políticos de esta falsa trama merecerían la misma condena.