Vamos mal. El penoso espectáculo provocado por los enfrentamientos entre políticos en el Parlamento rebota y se estanca entre las togas del Tribunal Constitucional y crea crispación. Crispación socialmente reprobable en la medida en la que tanta convulsión política podría acabar trasladándose a la calle.
Como mal ejemplo, la tosca intervención de un diputado socialista (Felipe Sicilia), que llegó a comparar la actitud del PP bloqueando la renovación de los vocales del CGPJ con el golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981.
¿Quién tiene la culpa o más culpa en todo de lo que está pasando? ¿El PP que lleva mucho tiempo bloqueando la renovación del CGPJ o el Gobierno por haber introducido dos enmiendas a dos leyes en el trámite parlamentario para aprobar otra que nada tiene que ver con este asunto? En este proceso no hay inocentes.
A la espera de vientos favorables en las urnas del año que viene el PP viene retrasando la renovación de estos órganos en la idea de retener la mayoría conservadora que les asiste en la actualidad a pesar de que el mandato de algunos vocales caducó hace tiempo. Por su parte el Gobierno –que no el Grupo Parlamentario del PSOE–, ha logrado sacar adelante la ley con la que paga el apoyo de los separatistas de ERC a los Presupuestos eliminando el delito de sedición y rebajando la malversación como pedían los sediciosos.
¿Qué persigue con todo esto Pedro Sánchez? Pues, al proponer al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Laura Díez, exasesora de La Moncloa, como candidatos para renovar el TC, lo que quiere es que la presidencia de este órgano, capital de nuestro entramado institucional, recaiga en un magistrado cuya afinidad con el PSOE es de sobra conocida. Ya digo que en todo este proceso tosco no hay nadie inocente. Pero a la vista está que unos están jugando más sucio que otros.