La rebaja de las penas por malversación, la supresión del delito de sedición, los indultos a los sediciosos condenados por el ‘procés' o el nepotismo político en los nombramientos para cubrir vacantes en el Tribunal Constitucional son acciones del Gobierno amparadas por la legalidad, pero huelen mal. ¿Por qué? Porque se avienen mal con los usos de una democracia liberal y se acercan a los usos de los regímenes populistas. Por no decir autoritarios.
Si todo lo que está pasando ante nuestros ojos a una velocidad calculadamente acelerada no se está traduciendo en manifestaciones de rechazo en la calle, quizá deberíamos preguntarnos a qué obedece tanta pasividad.
¿La gente pasa de política? O es que la calle solo se convierte en altavoz y cáfila cuando convoca la izquierda? En este tipo de situaciones el papel de los medios de comunicación es muy destacada, pero no decisivo. Hubo situaciones en el pasado en las que el rechazo a determinadas actuaciones del Gobierno de turno movilizó a la sociedad. Ahora ni se producen grandes manifestaciones, ni se las espera. ¿A qué se debe semejante pasividad? La mayoría de los sondeos sitúan al PP por delante en las preferencias de los electores, pero no detectan una pulsión de cambio imparable.
Alberto Núñez Feijóo reclama la convocatoria anticipada de elecciones a sabiendas de que Pedro Sánchez anuncia que quiere llegar hasta diciembre del 2023 tras un año en el que hará todo lo posible para que la gente olvide. Olvide sus pactos serviles con los sediciosos catalanes y demás enemigos de la Constitución, el nepotismo de los nombramientos en las instituciones, los zarpazos a la separación de poderes etc. etc.
Sánchez confía en que dentro de unos meses todas sus trapacerías políticas apenas serán un mal recuerdo. Confía en el efecto lenitivo del reparto de los fondos europeos y en la campaña de imagen que por tierra, mar y aire aparejará el semestre español de presidencia de la Unión Europea.