El Gobierno de España se ha convertido ya definitivamente en un auténtico gallinero. Si hacemos caso a las sucesivas declaraciones del presidente y nos lo creemos, las elecciones generales serán dentro de un año. Sin embargo, en mayo, se celebrarán los comicios municipales y autonómicos y la coalición se ha convertido anticipadamente en la casa de los líos. Las disputas son continuas y las chapuzas y mentiras son moneda común cada día. Esta semana hemos tenido nuevos ejemplos de esta manera de hacer política y que, aunque no todos lo crean, convertirán las elecciones de mayo en la primera vuelta de unas generales que, según las encuestas más prestigiosas, le costará a Sánchez o al que se presente, la salida de La Moncloa. Ya ni siquiera hablaremos de unas previsiones macroeconómicas para 2023 que nadie comparte, lo haremos de unas cifras del mercado de trabajo maquilladas hasta lo esperpéntico. Lo ha puesto blanco sobre negro Fedea. Faltan en las cifras que mes a mes nos ofrece el departamento de Yolanda Díaz más de 440.000 parados. La causa está en el renacido contrato fijo discontinuo de la reforma del Gobierno que ha crecido más de un 500 % desde que está en vigor. El segundo escándalo lo ha protagonizado el ministro de la Seguridad Social. Escrivá, apremiado por Bruselas para presentar antes de fin de mes la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, ha lanzado la idea de alargar hasta los 30 años el periodo de cálculo de la pensión excluyendo los dos peores, lo que significa que los futuros pensionistas verán reducida su pensión en una media de al menos 800 euros. El ministro quiere convencernos de que su fórmula es neutra, que no baja las pensiones. Y la pregunta fácil es cuál es entonces la reforma, porque si de lo que se trata es de hacer el sistema sostenible y reducir el agujero de más de 50.000 millones que presentan sus cuentas, sólo subiendo cotizaciones no salen los números. Así que hay gato encerrado y no es otro que bajar la cuantía de las pensiones futuras.