El presidente Sánchez acaba de inaugurar su mandato al frente de la Internacional Socialista con un llamamiento a la patronal para que se siente con los sindicatos y aborde la subida salarial que el país necesita. Naturalmente, el líder de los empresarios ya ha advertido que indexar los incrementos al IPC es imposible. Seguramente tenga razón y si los sueldos aumentaran en un diez por ciento, miles de empresas se irían al garete. Pero yo creo que otras miles resistirían. Y quizá eso nos acercara un milímetro más a esa Europa con la que se llenan la boca todos los políticos. Acaba de hacerse pública la estadística que revela que casi la mitad de los jóvenes trabajadores españoles no llegan a mil euros de salario mensual, es decir, al mínimo interprofesional.
Los empleadores juegan con los contratos para eludir esa obligación que les impone el Estado: firman contrataciones de menos horas y así rascan cien o doscientos euros. Habría que ver si realmente esos jóvenes trabajan las horas que figuran en los papeles o, al final, acaban cumpliendo con la jornada laboral completa pero a precio de ganga. Lo que está claro es que existe una emergencia nacional relacionada con la retribución de los trabajadores, al menos en las regiones donde el coste de la vida es más elevado.
Los sueldos tienden a la baja en todas partes, pero no es lo mismo sobrevivir en esa España vaciada en la que tanto lloran que en las zonas en las que todo resulta carísimo. En esas –aquí, por ejemplo–, la paga que no alcanza el mileurismo no basta para pagar el alquiler de un apartamento si incluyes el recibo de la luz, el gas y el wifi. De comprar ya ni hablemos. ¿Estamos condenando a toda una generación bien preparada a emigrar?