El Congreso de los Diputados tuvo el jueves una sesión frenética aprovechada por el Gobierno y sus socios para dar salida a leyes de muy distinto calado político y económico. Ya comentamos el domingo... los Presupuestos Generales del Estado que le darán oxígeno a Sánchez, a pesar de ser las cuentas más inadecuadas e irresponsables para superar la situación que vivimos. Hoy hablamos del nuevo impuesto que gravará los ingresos de la banca y de las empresas energéticas. Sobre el primero hay que decir que el Gobierno ha pasado olímpicamente de la opinión del BCE, del Banco de España y de numerosos expertos por el problema que puede crear en los ratios de solvencia de las entidades. Hay que decir además que muchas de ellas han manifestado su intención de recurrir a los tribunales este ‘impuestazo'.
La razón esgrimida por el Gobierno en los dos casos es el mismo: con sus beneficios extraordinarios deben contribuir a que nadie quede atrás. Pero, en ningún caso es cierto. Los beneficios realmente extraordinarios son los que está consiguiendo Hacienda a nuestra costa, tanto por la insoportable inflación como por la no deflactación de la tarifa del IRPF. Los cálculos menos optimistas hablan de unos 30.000 millones de euros a final de año. Y eso a pesar de la bajada del IVA que grava la electricidad y el gas y la supresión de algún otro impuesto menor.
Es curioso, además, que el mismo gobierno que impone un impuesto a los bancos después les pida ayuda para proteger a los hipotecados a tipo variable. Un acuerdo que, aún siendo menos exigente que lo hablado en un principio, no ayudará a todos los hipotecados y puede poner contra las cuerdas a alguna entidad. Ya pueden hacer bien las cuentas los que estén en el marco del acuerdo porque la ayuda al final puede convertirse un gran susto. De nuevo propaganda del Gobierno a costa del sistema financiero y lloros dentro de unos años cuando venzan los acuerdos firmados ahora.