A la vista del escándalo provocado por las rebajas de penas y las excarcelaciones de las que se están beneficiando varios condenados por agresiones sexuales en aplicación de la Ley Montero del ‘solo sí es s'», en cualquier otro país democrático la ministra de Igualdad hace días qué o habría dimitido o habría sido destituida. Aquí, de momento, Irene Montero sigue en el cargo y, para estupor de propios y extraños, ni ha mostrado empatía con las víctimas de las agresiones que están viendo como sus asaltantes en algunos casos han sido excarcelados ni, lo que completa el registro del asombro, manifiesta intención de reconocer los fallos de la ley para proceder a su reforma.
Todos sabemos que la señora Montero está donde está como resultado del pacto que en su día firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que por aquel entonces como líder de Unidas Podemos impuso la presencia en el Consejo de Ministros de varios dirigentes del movimiento podemita. El resultado fue el gobierno de coalición que viene arrastrando no pocas contradicciones y en los últimos tiempos enfrentamientos entre los morados y el ala socialista. Enfrentamientos que cristalizaron en las manifestaciones por separado de las feministas del PSOE.
A los efectos de paliar el desaguisado creado por la nueva ley que apareja rebajas de condenas y excarcelaciones -al día de la fecha: 36 y 10 respectivamente- debería imponerse el sentido común. Corresponde al presidente del Gobierno asumir el error -la ley fue aprobada por el Consejo de Ministros- y proceder a su reforma lo más pronto posible.
Sánchez que estaba urgido por la tramitación parlamentaria de los Presupuestos en algunas declaraciones ha defendido a la ministra Montero trasladando al Tribunal Supremo una tarea que no le corresponde porque los jueces no hacen las leyes, su tarea es aplicarlas. Sánchez está ganando tiempo. Es probable que de seguir el escándalo acabe presionando a Podemos para que proponga el nombre de otra dirigente morada que le permita reemplazar a Irene Montero.