Presenciar como Margarita Robles defiende el indulto de Griñán alegando que no se metió un euro en su bolsillo resulta patético e indignante. Si a Conde-Pumpido no le importaba mancharse la toga con el polvo del camino, la ministra de Defensa no le hace ascos a ensuciar la suya con las heces del relato del sanchismo. Ya lo vimos con el ‘caso Pegasus', dejando a los pies de los caballos a la directora del CNI, en contra de todo lo que defendió anteriormente; y lo volvemos a ver ahora en unas declaraciones falsas e inmorales.
Los gobiernos socialistas andaluces trincaron 670 millones de euros, que deberían haber ido a parar a la economía productiva y a reducir el paro, y los desviaron a personas y empresas afines, para mantener un ecosistema de desempleo crónico, una sociedad dependiente de la ayuda del papá Griñán de turno, que les permitió perpetuarse en el poder. Negocio que resulta más beneficioso que meter la mano en la caja o cobrar el 3% como los de Pujol. Griñán disfrutó del poder, y con él, de un suculento sueldo, conductores, coches oficiales, viajes por todo el mundo en hoteles de cinco estrellas, de la posibilidad de administrar un enorme presupuesto y la capacidad de nombrar a sus familiares y afines a cargos y carguillos con sus correspondientes sueldos y prebendas. Y los nombrados se convertían en deudores de un favor que de una u otra manera pagarían. Es evidente que Griñán se lucró.
Pero su conducta fue más lesiva para la democracia que el simple latrocinio. Lo es la corrupción sistémica que supuso el saqueo de los bienes públicos, la apropiación de las instituciones y la compra de voluntades y votos con la intención de impedir la alternancia política, adulterando el estado de derecho, su esencia. Además, el efecto no se limitó al marco andaluz, también prostituía los resultados de las elecciones generales, pues el impacto de ese voto cautivo beneficiaba al cómputo general.
Un partido político no puede indultar a uno de sus dirigentes que ha permitido un descomunal desfalco, el mayor escándalo económico de la historia de España, porque lo que hace es indultarse a sí mismo. Menos aún si se acaba de promulgar una ley por la que uno puede entrar en la cárcel por discrepar de la memoria histórica oficial.