El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá al fin en el Congreso el día treinta de este mes para dar explicaciones sobre lo sucedido en el asalto a la valla de Melilla, donde murieron un número sin determinar de emigrantes.
Parecía que el despropósito de la conocida como ley de ‘sólo sí es sí', y la velocidad con la que una crisis atropella a la siguiente, habían rebajado la tensión política en torno a unos sucesos tan dramáticos como vergonzosos.
Precisamente, el enfrentamiento de Irene Montero con la magistratura ha obligado a la otra juez en el Gobierno, Margarita Robles, a defender con vehemencia a los miembros de la carrera judicial, a quienes, la responsable de Igualdad tachó de machista.
Pero mientras el Gobierno decide si corrige los estrepitosos fallos de la ley, el tema de Melilla ha vuelto a recobrar fuerza y sólo el PP con sus votos en la Junta de Portavoces ha impedido de momento que se cree una comisión de investigación en el Congreso. Los socios del Gobierno, incluso Unidas Podemos, pero también ERC, Bildu o el PNV, exigían que la citada comisión se aprobara en el pleno del Congreso de esta semana.
El ministro, que siempre se ha posicionado a favor de la actuación de la Guardia Civil, ya compareció en el Congreso en septiembre. Pero ha sido la emisión de un documental en la cadena británica BBC y la visita al lugar de los hechos de una comisión parlamentaria lo que ha recrudecido la polémica. Y también, porque no decirlo, la falta de tranparencia y la negativa a mostrar los vídeos grabados en el momento del asalto, donde, al parecer, se ve a los jóvenes subsaharianos desplomándose contra el suelo sin que nadie les auxilie.
Por su parte, el presidente del Gobierno que, sin ver las imágenes, dijo que el asalto se «había resuelto razonablemente bien» para desmentirse poco después, asegura que el tiempo dedicado a la cumbre le ha impedido ver los nuevos vídeos y sostiene que el Ejecutivo no tiene nada que ocultar.