Dice el saber popular que no hay nada más atrevido que la ignorancia y ese es el mal que nos aqueja en no pocas cuestiones que emanan de decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. El nuevo escándalo tiene que ver con la Ley de Garantía de Libertad Sexual a la que se han acogido varios reos que, invocando el principio de retroactividad, han solicitado la revisión de sus condenas. Cinco presos han sido excarcelados y a once les han reducido las penas.
Cuando se conoció el anteproyecto de ley, tanto el CGPJ como la Fiscalía General y el Consejo de Estado advirtieron sobre lo que podría ocurrir de no corregirse ciertos aspectos del proyecto. Pero con la arrogancia sectaria que caracteriza a la titular del Ministerio de Igualdad no solo se negó a introducir cambios, sino que tildó de machistas a quienes al advertir las fallas del proyecto señalaban que una vez aprobada provocaría el efecto perverso de la rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales. Y, así ha sido.
Ante semejante escándalo, ¿cuál ha sido la reacción de Irene Montero y de sus colaboradoras más cercanas en el ministerio? Pues doble ración de arrogancia e ignorancia. «Sostenella y no enmendalla». Un diputado de Podemos ha descalificado a los jueces llamándoles «fachas con toga» y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la señora Victoria Rosell –que es jueza en excedencia– se ha permitido repetir los mantras habituales de los podemitas cuando alguien no les da la razón. Todo es culpa de jueces machistas.
El CGPJ ha salido al paso de semejantes acusaciones poniendo las cosas en su sitio: el problema no son los jueces que se limitan a aplicar la ley, el problema es la ley y su confusa redacción. Estas cosas pasan cuando las leyes se hacen con más ideología sectaria que conocimientos jurídicos.