Los planes de Sánchez cada vez son más desprejuiciados. Tras los indultos a los políticos catalanes condenados por su implicación en el proceso de sedición, llegó el anuncio de reforma del Código Penal para suprimir el delito como tal, y ahora, como siguiente paso para pagar el apoyo de ERC, desde el Gobierno se habla abiertamente de rebajar las penas que conlleva la malversación, otro de los delitos por los cuales fueron encarcelados Oriol Junqueras y sus cómplices en la asonada del año 2017.
La malversación apareja pena de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y ahí es donde se explica el porqué de esta nueva vuelta de tuerca que retuerce el actual ordenamiento legal porque Junqueras, el cabeza de los sediciosos y líder de ERC, no oculta su intención de presentarse a las próxima elecciones. De hecho mantiene a su vicario, Pere Aragonès, calentándole la silla en la presidencia de la Generalitat.
Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a saltar por encima de cuantas líneas políticas de fondo se había comprometido a respetar. Tras señalar que lo acaecido en Cataluña era un acto de rebelión y tras prometer que haría cumplir íntegramente las penas a los condenados, ahora justifica los indultos y las rehabilitaciones en la idea de consolidar el bloque de las alianzas parlamentarias que le han permitido mantenerse al frente del Gobierno pese a la precariedad parlamentaria del PSOE.
Falta un año para las elecciones generales que a este paso se perfilan trascendentales –constituyentes, incluso–, porque los aliados de Sánchez: Podemos, ERC, Bildu, defienden un proyecto rupturista. Son enemigos declarados del actual sistema político cuya base legal se asienta sobre la Constitución. La debilidad parlamentaria del PSOE y la falta de escrúpulos políticos del presidente del Gobierno invita a pensar que las concesiones a los separatistas se irán sucediendo a medida que nos aproximemos a la cita con las urnas. Ahora ERC reclama una amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación.