El domingo, miles de ciudadanos ocuparon las calles del centro de Madrid protestando por las deficiencias que arrastran los centros sanitarios de la comunidad. Había sido convocada por sindicatos de sanitarios –médicos y enfermeras– y contó con el respaldo del PSOE, Podemos y Más Madrid. En una primera reacción desde el gobierno autonómico trataron de restar relieve a la movilización aduciendo que la protesta estaba orquestada por los partidos de la izquierda, vamos, que era una manifestación de carácter político. Tengo para mí que yerran en el diagnóstico.
Claro que fue una manifestación política, pero sobre una base reivindicativa real: las deficiencias en los centros sanitarios. Sobre todo en los de atención primaria y en las urgencias. Desbordados por la demanda y faltos de personal en las diferentes categorías de la cadena sanitaria: médicos, enfermeras, matronas y demás personal que obliga a jornadas interminables y guardias encadenadas. La situación no afecta en exclusiva a Madrid, en Cantabria se han producido movilizaciones similares; en Navarra hay avisos de huelga en el sector y en otras comunidades es común el desasosiego y la impotencia que provocan las larguísimas listas de espera.
El combativo carácter de la presidenta Isabel Díaz Ayuso puede que no sea el rasgo de personalidad más idóneo para enfrentar este conflicto porque, más allá de que los partidos de la izquierda hayan hecho suya la bandera de la defensa de la sanidad pública, el conflicto, como decía, tiene una base real. El sistema es bueno, pero ha ido acumulando problemas y carencias. No es el menor el de la falta de médicos agravada a resultas de la pandemia. Están mal pagados en relación con lo que cobran en otros países y muchos de ellos han emigrado.
Los manifestantes denunciaban las contratas externas de determinados servicios como el indicio de un plan para privatizar la sanidad pública. Es un temor que deberías ser despejado cuanto antes porque es fácil que acabe cursando en forma de mantra irreversible.