En estos días, en los que se cumple un lustro de aquellos aciagos acontecimientos de octubre en que Cataluña se declaró independiente debido a que el Gobierno de la nación no supo evitarlo, conviene analizar en qué punto nos encontramos. Solo la intervención del Rey permitió reaccionar a un Rajoy timorato, aunque cuando lo hizo fuera tarde, mal y con medidas ausentes de vigor político.
Los que habían perdido aquel envite por la mínima en el último minuto del partido, se convirtieron en indispensable para que el actual presidente ganara la moción de censura y se instalara en La Moncloa y, luego, participaron en sustentar el Ejecutivo. El precio a pagar está siendo muy alto: desgarrones continuos a la unidad de España.
No han mostrado el mínimo gesto de arrepentimiento, antes bien, no tienen reparo en pregonar a los cuatro vientos que lo volveremos a hacer. A pesar de ello, los rebeldes fueron indultados de un delito contra la integridad de la nación, desautorizando al tribunal, que se opuso, y a la mayoría de la sociedad que los rechazó.
En estos años, Cataluña ha avanzado en la constitución de una estructura de Estado y ha endosado su descomunal deuda a todos los españoles. Ha debilitado el Estado desautorizando que el CNI investigara a los que siguen en el empeño de independizarse, después de haberle servido en bandeja de plata la cabeza de su directora y de que Bolaños corriera a viajar a Barcelona, se humillara y pidiera mil perdones por las molestias causadas con Pegasus. El PSC votó a favor de que la Generalitat maniobrara para burlar la decisión de los tribunales del 25 % del castellano, y al padre de la niña de Canet le tuitearon: Tengo carne de niño castellanohablante para preparar canalones. Se ha incrementado sustancialmente la plantilla de los Mozos, los que hicieron fracasar el dispositivo policial el 1-O, además de incrementar su dotación de armas largas y darles competencias en el litoral de la costa hurtándoselas a la Guardia Civil. En los nuevos presupuestos se dota a Cataluña con el doble inversiones que Madrid.
Se protege de la Justicia a los sediciosos y, con la política de apaciguamiento, el propio Gobierno del Estado fortalece a quien se prepara para destruirlo.