Pronto, ir a comer a un restaurante se puede convertir en un acto delictivo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de presentar un proyecto de ley conocido como «Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario», con el objetivo de disminuir el desecho de alimentos y favorecer su mejor aprovechamiento. Según Planas, la ley –que no tiene desperdicio– no pretende ser intervencionista sino regulatoria y de concienciación. Entrará en vigor a partir del primero de enero y «obligará» a los hosteleros a entregar a los clientes los sobrantes de la comida en envases aptos y reutilizables. Espero que precisen bien qué entienden por los sobrantes y no se refieran a los huesos, espinas, raspas, grasas y migas que suelen quedar en los platos.
Once de la mañana. Salgo del trabajo a tomar un café con los compañeros. En el bar, además del café, me ponen azúcar, sacarina, una galleta empaquetada y un vaso de agua del grifo. Aprovecho para leer la Ultima Hora y comentar las noticias con los colegas. Terminado el recreo, pido la cuenta y el camarero me dice que me tengo que llevar lo que he dejado del café, posos incluidos, la sacarina que no he utilizado, la galleta que no me he tomado y el medio vaso de agua que no he terminado. Y me lo tengo que llevar porque si no lo hago, al negocio le pueden poner una multa de dos mil euros y a él lo echan a la calle. Si no fuera por mi solidaridad con el sector, la próxima vez nos tomaríamos el café en mi casa.
En Mallorca, la RBC (Restaurants Bars i Cafeteries) ha puesto el grito en el cielo ante la propuesta normativa. Para su presidenta, se trata de una ley demagógica. Para mí, se trata de un nuevo instrumento jurídico infantil y recaudatorio. Cuando era pequeño, mi abuela también me castigaba cuando dejaba comida del plato. Nos tratan como a niños.