La verdad es que sorprende la reiteración con la que desde distintas instancias de la Unión Europea se llama la atención a España acerca del incumplimiento de determinadas normas. ¿Somos tan pasotas? O se trata simplemente de que nuestros gobernantes se toman a chacota las recomendaciones y siguen actuando a su aire. Tomando como momentos de recibo los días finales del pasado mes de marzo, un informe publicado en Estrasburgo y elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, deja claro que en este país la lucha contra la corrupción es insuficiente.
De lo abstracto a lo concreto: ninguna de las 19 recomendaciones hechas en 2019 se ha cumplido totalmente, anotándose que sólo siete de ellas se han visto parcialmente satisfechas. El informe, que aborda especialmente la prevención de conductas corruptas en el área de la Administración central del Estado, así como en la Guardia Civil y la Policía Nacional, llega a conclusiones francamente inquietantes. Ni se han puesto los medios apropiados para evitar conflictos de intereses y buscar una mayor transparencia, ni tampoco se hila fino en lo concerniente a contratación de asesores y declaración de bienes de cargos públicos.
Igualmente, no desciende el régimen de aforamiento que protege a los cargos –permítanme la evocación del clásico El mejor alcalde, el rey– de persecución penal. Particularmente duro es el toque de atención a la Guardia Civil en lo tocante a la prioridad de empleo para los hijos de miembros de la institución y a la necesidad de revisión del sistema de primas y el régimen de incompatibilidades cuando se deja de estar en activo.