Persiste la idea, entre el conservadurismo económico, que deben bajarse los impuestos. Esta tesis se reitera, una y otra vez, sea cual sea el escenario en el que se mueva la economía. El mensaje es siempre el mismo, inerme: bajen los impuestos, y esto ya resolverá buena parte de los problemas que tenemos. Sin embargo, se constata una curiosidad: cuando esas fuerzas políticas, defensoras a ultranza de la reducción impositiva, llegan al poder, su actuación suele ser muy distinta. Entonces, la tributación se sube, como aconteció en España con el Gobierno del presidente Rajoy; o en comunidades autónomas regentadas por la derecha. Se arguye entonces que las herencias recibidas han obligado a tales movimientos.
Excusa inútil, cínica: los que denunciaban el desastre económico en la oposición y señalaban que con las bajadas de impuestos el problema se resolvería, no pueden argumentar ignorancia cuando acceden a la dirección efectiva de la economía. Lo sabían. Pero la deriva a la que se está llegando ahora es ya de traca: el PP indica que de cada cien euros que se ponen en gasolina, 57 van a parar al Gobierno central (en concreto: al presidente Sánchez, esa es la literalidad).
Pero veamos datos y argumentos. Primero: más de la mitad de la recaudación sobre carburantes –el ejemplo que ahora se invoca por parte de las fuerzas conservadoras– se dirige a las comunidades autónomas. Item más: el 50 % del IVA y el 58 % de los impuestos especiales, según se establece en el modelo de financiación autonómico desde 2008. Es decir, los recursos recaudados no van a nadie en concreto; se canalizan hacia las haciendas autonómicas, incluyendo naturalmente las del PP. Segundo: España recauda menos que otros países europeos por cada litro de gasolina o de diésel que se compra. Muy cerca, por tanto, de los mínimos armonizados por la Comisión Europea. En el conjunto de la Unión, estos impuestos superan generosamente los 57 euros. Tercero: el conjunto de la fiscalidad tiene destinos específicos. La pregunta clave es para qué sirven los impuestos. Y sirven para todo eso que se suele valorar en momentos difíciles: la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, la investigación, las ayudas a colectivos vulnerables y a empresas. Aspectos, todos ellos, que han aparecido con fuerza desde la pandemia, y que vuelven a aflorar a raíz de las consecuencias económicas de la guerra. Cuarto: la fiscalidad progresiva se encamina hacia la justicia redistributiva. Esto se vio desde 1945 hasta 1980, tanto en Estados Unidos como en Europa, con gobiernos demócratas, republicanos, socialdemócratas y conservadores, con tipos marginales en la franja más elevada de la renta del orden del 80 %.
En etapas de elevada incertidumbre y recesión, todo el mundo mira al sector público para solventar los problemas que los mercados no atajan. Pero toda esa capacidad, tangible, efectiva, como se ha demostrado y se está viendo, es posible porque existen ingresos tributarios. Los partidos con vocación de gobierno no deberían caer en el populismo retórico con este tema. Porque, entre otras consecuencias, les costará cuadrar las cuentas si gobiernan.