Semanas atrás, Ultima Hora se hizo eco de las quejas del sector educativo concertado por la falta de actualización de los módulos económicos para atender sus gastos de funcionamiento, que están congelados desde 2008 salvo en un pequeño complemento abonado últimamente para atender determinados gastos derivados de la pandemia que nos ha asolado en los dos últimos años. La respuesta pública del conseller Martí March fue la de derivar la cuestión hacia el incremento global experimentado en los presupuestos generales de la CAIB destinado a la enseñanza concertada desde 2016. Lamentablemente, ese incremento no solo no ha conseguido rebajar las distancias con la financiación que recibe la enseñanza pública, sino que las ha acentuado. Dicho de otro modo, la concertada sigue siendo el patito feo de este Govern, al que no se quiere eliminar porque resulta imprescindible para atender al 35 por ciento de la población escolar, pero al que subsistir le cuesta cada día más.
El IPC conocido ayer, de un 9,8 por ciento, arruina cualquier planteamiento empresarial. Pero, si además una empresa ha de financiarse forzosamente con cargo a fondos públicos y estos se congelan en importes de hace catorce años, la ruina está asegurada. March lo puede pintar del color que quiera, esta situación es sencillamente insostenible y no basta con la promesa de constituir una comisión de estudio o de consolidar el dinero que los centros han recibido con motivo de los gastos COVID. El abismo entre el coste real de la enseñanza concertada y lo que actualmente financia la Administración –y justo es decir que la balear no es, ni mucho menos, la peor– produce vértigo a sus gestores.
El Govern debe dejar de encajar las reclamaciones de la enseñanza concertada como una crítica política –nada más alejado de la realidad– y ha de comenzar a afrontarlas como lo que realmente son, la manifestación de una profunda injusticia social, porque los alumnos de los centros concertados y sus familias no se merecen los recortes que los colegios se ven forzados a realizar para poder atender los gastos corrientes. La LOE equipara la enseñanza concertada con la pública y las dos conforman el llamado servicio público educativo. No es de recibo que por cada alumno de la enseñanza pública el Govern destine el doble de recursos económicos que por cada uno de la concertada, porque, además, ambos acceden a su puesto escolar con el mismo procedimiento de admisión establecido legalmente. Es urgente, pues, que el conseller anuncie medidas valientes para empezar a revertir esta situación y aproveche, por ejemplo, los fondos Netx Generation que el Gobierno español negoció con la UE para destinarlos a mejora en nuestro sistema de formación para paliar esta situación y acometer de una vez el coste real del puesto escolar en la escuela concertada. Sin demoras, sin excusas, sin agravios.
También es hora de aprovechar esa financiación europea para tratar a todos los centros de nuestro sistema educativo de igual forma, y no como se ha propuesto. La concertada, salvo unos pocos centros que ni siquiera saben el criterio de selección empleado, no va a recibir recursos para la digitalización de las aulas, solo «asesoramiento». De nuevo, son los alumnos y sus familias los discriminados.