Les advirtieron muchas veces e hicieron caso omiso. Aquel Govern que agonizó hasta 2011 presidido por Antich ha resultado mucho más caro que el presidido por Jaume Matas de la legislatura anterior y hay que empezar a decir las cosas por su nombre aunque algunos puedan considerar que es un tema tabú. Matas posiblemente despilfarró dinero público y cometió algunos delitos, pero al menos aquella legislatura 2003-2007 dejó activos que los ciudadanos siguen disfrutando frente a una legislatura con Antich que ha originado un gran agujero en las arcas públicas.
El decreto 4/2008 que desclasificaba urbanizaciones en Baleares ha resultado uno de los grandes fiascos de la historia de la autonomía. Recuerdo perfectamente que durante el debate de la convalidación de aquel decreto ya avisaron al Govern que se estaban protegiendo urbanizaciones prácticamente terminadas, con todos los servicios, y que por este motivo los promotores podrían reclamar indemnizaciones millonarias. El entonces conseller de Medi Ambient, Gabriel Vicens, del PSM, negaba la mayor. Decía que los jueces ya no aceptaban el lucro cesante, que no pasaría nada, y que finalmente los espacios quedarían protegidos. O mentía a sabiendas o no se enteraba de nada, que es lo más probable, pero el tiempo ha demostrado que aquellas advertencias tenían fundamento jurídico.
La última sentencia conocida condena al Govern a pagar 91,5 millones a Matthias Kühn por una urbanización en el Port de Sóller, pero la factura de aquella irresponsable protección asciende a 225 millones, más que el dinero que se recaudará con la ecotasa en un año. Imagino que muy pronto Antich y Vicens saldrán en rueda de prensa y explicarán cómo impulsaron un decreto ley sin analizar sus consecuencias, pero seguramente les importa un bledo porque no lo pagarán de su bolsillo. Tampoco me consta que algún medio haya contactado con Antich, hoy flamante presidente de la Autoritat Portuària a 100.000 euros el año, para que reaccione ante esta nueva sentencia tan costosa para todos los contribuyentes de las Islas.
Es pertinente, sobre todo para aquellos tan preocupados por el dinero público siempre y cuando no gobierne la izquierda, qué se podría hacer en Baleares con 225 millones. Para que puedan comparar el mediático ‘caso Nóos' costó a los ciudadanos 2,3 millones, cien veces menos que el decreto 4/2008.
Podríamos preguntarnos cuántos colegios podrían construirse con 225 millones y hospitales para evitar los colapsos que ahora se viven en los servicios de urgencias donde un ciudadano llegó a esperar 100 horas para tener un cama en Son Espases. Con 225 millones el Govern podría construir muchos pisos de protección oficial, ayudar a cientos de comercios e incluso contratar a miles de trabajadores para unirse a los casi 6.000 funcionarios incorporados en los últimos seis años.
Si Antich y Vicens hubiesen estado en una empresa pública y hubieran perdido 225 millones hace tiempo que tendrían la carta de despido, pero en la administración esta incompetencia sale gratis. Como no pagan ellos, y saben que no les costará ni un euro, pues impulsan decretos proteccionistas por pura imagen y para contentar a sus votantes, pero conviene decirlo de una vez de forma clara y rotunda aunque a muchos no les guste escucharlo. Aquel Govern de Antich que gobernó entre 2007 y 2011 gracias a los votos de UM ha resultado ser mucho más caro que el de Matas de la legislatura anterior. No está mal recordarlo.