Con el adelanto electoral, el presidente castellanoleonés ha roto la baraja de la previsibilidad y ha acelerado el paso de la política nacional. A la vista, el presidente Moreno Bonilla podría sentirse tentado de adelantar las andaluzas a la primavera y, de pasada, descartar toda posibilidad de que el presidente del Gobierno cayera en la tentación, que muchos analistas veían posible, de que se hicieran coincidir las generales. Aunque el efecto de arrastre de unas generales aumentaría en diez puntos la participación en las autonómicas andaluzas, una adelanto en primavera de 2022, a casi la mitad de la legislatura, no sería viable porque, entre otros riesgos, no podría explicarse cuando se necesita tiempo para administrar los fondos Next Generation y la política de recuperación, que será el principal aval con el que el Gobierno piensa presentarse a la reelección.
El pavor de la izquierda está justificado. Gobiernos del PP-Vox en Castilla León, Madrid y Andalucía constituirían un eje de derecha, digámoslo claramente, ideológicamente franquista y de retroceso en libertades, que actuaría de arrastre sobre el resto de un electorado tibio, y con capacidad de otorgar mayorías, que todavía no ha asumido los principios y derechos de la democracia liberal. Y no es que podamos afirmar que el PP y sus votantes sean nostálgicos de la España preconstitucional, pero sí que buena parte de sus dirigentes, por convicción o por tactismo, juegan esa carta de desinformación que, a la postre, llevan al país contra sus propios intereses. Al final, los números son los que son y un diputado del PP, en Baleares por ejemplo, vota la estrategia de Casado, de Ayuso y de Vox. En última instancia, vota a favor del modo retrógrado de ver España; más cerca del siglo XIX que de la concertación y la multiparticipación del siglo XXI. ¿Se dan cuenta los dirigentes y votantes del PP de su verdad ideológica y responsabilidad? ¿O prefieren seguir sin enterarse y jugar al Monopoly del poder, me quedo en lo local y no entro en los otros?
En las futuras elecciones, en que se vislumbran empates técnicos entre los bloques que Vox ha consolidado, parece que será el nuevo partido de las plataformas de la España vaciada quien tendrá ocasión de acudir al rescate de la racionalidad, buscando espacios de centralidad. Como partido de gremio, de obediencia a intereses tasados, estará en disposición de pactar según sus exigencias actuando con menos visceralidad y mayor sentido de la realidad y de Estado. Según una reciente encuesta a escala nacional, conseguiría 15 escaños, 9 en Castilla León. Y en estas autonómicas podría alcanzar los 13 procuradores. Laminado Ciudadanos, el temor a esa nueva competencia por el centro derecha habría sido la razón de peso para que el presidente castellanoleonés adelantara las elecciones.
Para la izquierda, tanto socialistas como Unidas Podemos, que se vería reforzada si consiguieran armar una etiqueta regional, la llegada de la marca castellanoleonesa de la España vaciada, podrían suponer aspirar al Gobierno regional. Pero la geografía electoral no sería suficiente. Si la izquierda quiere tener chance de volver al Gobierno regional desde 1987, cuando Aznar ganó las elecciones después de haber difamado y obligado a dimitir a Demetrio De la Madrid, primer presidente de la comunidad, absuelto judicialmente, deberá aportar el valor añadido de un programa formalmente armado e ilusionante. Algunos vectores de futuro ya están ahí y ya recorren la Europa que se moderniza y se adapta a las nuevas realidades socioculturales. Está rebajar la edad para votar a los 16 años como tiene Austria desde 2007 sin que, por cierto, los nuevos votantes hayan desarbolado el sistema de partidos tradicional. Y Scholz quiere implantarlo en Alemania. Está la bajada del 5 al 3 por ciento del filtro para permitir el acceso de los partidos no mayoritarios a los escaños y está implantar la circunscripción autonómica, en lugar de la provincia, para avanzar hacia una estructura federal; de multinivel según el nuevo eufemismo político.