El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) haya dado luz verde al Govern para ampliar la exigencia del pasaporte COVID a todos los restaurantes con capacidad para más de 50 personas nos coloca ante una situación incierta porque deja en manos de los restauradores una labor policial que no les corresponde, ya que para verificar la autenticidad de los datos que figuran en el certificado estarán obligados a exigir el DNI, algo, y estoy segura, a lo que muchos se van a negar; es más, tengo mis dudas de que sea una medida legal.
¿Hasta qué punto el dueño de un restaurante puede exigir este documento? ¿Y si el cliente se niega a enseñarlo será expulsado? Preguntas hay muchas y respuestas pocas, pero lo que sí está muy claro es que con esta autorización judicial el sector de la restauración queda a los pies de los caballos y en el horizonte se atisban numerosos conflictos por una decisión poco clara, como lo demuestra el hecho de que la Justicia no haya mostrado unanimidad sobre el tema.