Después de ocho años de una lenta y farragosa instrucción que se ha prolongado por espacio de ocho años, la Audiencia de Castellón apenas ha necesitado quince días para pronunciarse tras quedar el juicio visto para sentencia.Y lo ha hecho dando por buenas todas las tesis de los abogados gados defensores de los únicos (!) acusados, dos directivos de la promotora del almacén de gas y de la propia Escal UGS, empresa participada en un 66,7% por ACS, presidida por Florentino Pérez.
Los seis años de prisión pedidos por la fiscalía han quedado en nada, siempre a la espera de que la misma, o la acusación particular recurran la sentencia absolutoria. El proyecto de inyectar gas en determinados lugares de la costa del Ebro y Castellón, teniendo como objetivo la creación del mayor almacén de gas que tendría España, conoció desde el principio la oposición de cualificados técnicos y vecinos de los lugares que desde la puesta en marcha del proyecto Castor vieron sus tierras removidas finalmente por cerca de un millar de movimientos sísmicos, llegando a alcanzar uno de ellos 4,2 puntos en la escala de Ritcher.
Los sucesivos informes no dejaban lugar a dudas respecto a la relación entre las inyecciones de gas y los terremotos. Pese a todo ello, gobiernos del PSOE y del PP dejaron hacer, hasta que finalmente en el otoño del año 2013 el Gobierno del PP ordenó la paralización indefinida de la actividad en el Castor. Quede como curiosidad a tener en cuenta que en el año 2019, cuando Florentino Pérez compareció ante el Parlament, tuvo a bien considerar que lo del Castor había sido una «desgracia», que le había hecho perder dinero. Ya ,Para quién no lo sepa, la empresa cobró una indemnización de 1.350 millones de euros, por la clausura de un inservible almacén de gas.