Se ha montado una enorme polémica con la publicación del borrador del censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que está elaborando el Govern. Como ha publicado el diario Menorca, el listado incluye a Pedro Marqués Barber, comandante interino de la Menorca republicana y autor de numerosos asesinatos, que al terminar la guerra fue fusilado por Franco.
El historiador Juan José Negreira explica con precisión en su libro Menorca 1936 cómo el brigada Marqués se hizo con el poder en la isla y creó «un estado de terror» que degeneró en cerca de 250 asesinatos de militares, clérigos y derechistas. Uno de los más conocidos fue el del sacerdote Juan Huguet (tío del exdiputado del PP), al que asesinó él mismo por negarse a escupir en un crucifijo. Los desmanes de Marqués –robos, pillaje– fueron tales que el propio Gobierno republicano acabó encerrándolo. Evidentemente, reconocer desde las instituciones a un personaje así es un insulto a la democracia y los derechos humanos.
El secretario autonómico de Memoria Democrática del Govern, Jesús Jurado, afirma que «se puede ser asesino y víctima a la vez». «No puedo negar que Pedro Marqués fuera un asesino. A pesar de ello, tiene sus derechos. Quitárselos es revanchismo. Pongo un ejemplo: ¿Los etarras que fueron torturados o asesinados por el GAL no tienen derechos? Hemos de ser justos y ecuánimes con todos. No debemos dejarnos llevar por emociones», añade.
Según la ley de memoria democrática aprobada por unanimidad de todos los partidos de Baleares en 2018, víctimas de la Guerra Civil y el franquismo son todas las personas que hayan sufrido una «violación» de sus «derechos humanos» en ese periodo. Esto genera polémica porque los asesinos pueden también ser incluidos por no haber tenido un juicio justo. Jurado dice que el censo es un trabajo «complicado» que tardará años en completarse y que incluirá a víctimas de los dos bandos, también los de los bombardeos y trabajos forzados.
En principio, el reconocimiento que se contempla es simplemente de memoria. Sus nombres se incluirán en un listado público y no habrá dotación económica. Según publicó el catedrático Juan Sisinio Pérez Garzón el pasado domingo en El País, las compensaciones que ha dado el Estado a las víctimas del franquismo desde 1978 suman ya los 21.748 millones de euros. No obstante, si la ley de memoria democrática que se está tramitando a nivel nacional así lo contempla, es posible que haya más indemnizaciones para los incluidos en el nuevo censo. El Gobierno debería crear una excepcionalidad para los que tengan delitos flagrantes de sangre.