Jaume Far se va a casa y, de paso, soluciona la papeleta a Francina Armengol, que no sabía cómo quitarse de encima a quien osó investigar algo tan sensible para el Pacte como la administración de vacunas entre sus cargos públicos en los primeros meses de 2020, cuando los preparados escaseaban y parecían un bien al alcance de solo unos pocos privilegiados.
Pero, más allá de generar molestias a determinados cargos, la pomposamente llamada Oficina de prevención y lucha contra la corrupción no ha servido absolutamente para nada perceptible por la ciudadanía. Bueno, en realidad sí sirvió para que Far fuera durante cuatro años uno de los funcionarios mejor pagados de Balears y armara un costosísimo chiringuito público sin poder presentar ni un solo caso relevante que justificase su existencia.
Tocar las narices a los alcaldes y paralizar con sus interminables requerimientos de documentación la actividad de áreas esenciales de los ayuntamientos para acabar revisando la gestión burocrática de unos cuantos contratos administrativos de poco más de mil euros no es luchar contra ninguna corrupción, es solo un pretexto para autojustificar la creación de un organismo innecesario, cuyas atribuciones se solapan con las de las intervenciones municipales y de la CAIB, con la Sindicatura de Comptes y hasta con la Fiscalía, por más que Far se ponga estupendo y niegue la mayor.
El coste de la Oficina supera exponencialmente el de las supuestas actuaciones corruptas que haya podido descubrir en cuatro años, que deben ser insignificantes a tenor de su repercusión mediática, quitado de la memez supina del asunto de las vacunas, que al ciudadano medio le importa ya un pimiento.
Lo que hay que hacer con la Oficina es cerrarla, arrojar la llave al mar y dejar de gastarse el dinero de los ciudadanos en bobadas como la de contentar a Podemos manteniendo una pseudoinquisición baratera con la que fustigar al maléfico adversario con delaciones interesadas y casi siempre inconsistentes. Es muy probable que Armengol no tenga el valor político ni el arrojo personal de hacer lo que le pide el cuerpo, porque al fin y al cabo la política es postureo –hoy más que nunca–, su predisposición a la rectificación es nula y, además, puede que quede feo ante el electorado progre –al que se ha engañado– cerrar un organismo inútil que nació con la vitola de acabar con la corrupción y que con lo único que ha acabado ha sido con una partida significativa del presupuesto, entre graves acusaciones del Síndic de Comptes, Joan Rosselló, de haber celebrado contratos administrativos de forma irregular, lo que ya es el colmo de la chapuza y el cinismo.
Anteayer, Josep Melià, desmarcándose de PP y Vox, no se atrevía a pedir abiertamente la disolución de la Oficina, y solicitaba a Armengol un «cambio de modelo», quizás para no entrar en conflicto abierto con el Govern, ni aparecer en la foto con la derecha. Con su propuesta, sin embargo, puede que el PI busque lo mismo, la virtual desaparición del chiringuito convirtiéndolo en un negociado más.
El pronóstico, pese a todo ello, es que Armengol contentará a los podemitas buscando un sustituto para Far. Eso sí, no cometerá otra vez el error de elegir a alguien independiente, el próximo inquisidor será afecto.