El Tribunal Constitucional acaba de asestar dos golpes durísimos contra nuestra clase política, sobre todo los que gobiernan, y parece como si no hubiera pasado nada. Con unas horas de diferencia se ha considerado inconstitucional el segundo estado de alarma y se ha pedido la supresión de la plusvalía municipal. El primer caso era más previsible porque el Constitucional ya anuló el primer estado de alarma, lo que ha supuesto que se tengan que devolver todas las multas impuestas durante este período. Ahora ocurrirá lo mismo con el segundo estado de alarma.
Recuerden que hace pocos días desde el Govern de Armengol se anunciaba que en este segundo estado de alarma se habían impuesto unas 35.000 sanciones y avisaban que los ciudadanos no debían confiarse, que más tarde o más temprano recibirían en sus domicilios la sanción porque el sistema, insistían, era muy garantista. Pues parece que no tan garantista y los funcionarios que han trabajado días y días para tramitar las sanciones han trabajado para nada. Además, estos mensajes tan amenazantes no parecen propios de gobiernos de ‘las personas'.
Sin embargo, lo que más me sorprende es que el hecho de que un gobierno, con el apoyo de gran parte del Parlamento, haya aprobado dos estados de alarma de forma ilegal, que se hayan limitado nuestras libertades sin garantías jurídicas, que hayan atemorizado a los ciudadanos con multas desproporcionadas, y que nadie salga a la calle para pedir responsabilidades. El Gobierno dice que respeta la sentencia del Constitucional pero que no la comparte. Y ahí se acabó el debate.
Echo en falta, de verdad, que todos aquellos que se manifestaron contra la ‘ley mordaza' durante meses, que consideraban tan democrático acorralar el Congreso de los Diputados, salgan ahora a la calle por haber perdido tantos derechos durante estos meses. Que las organizaciones sociales se pronuncien, y que los políticos expliquen cómo han podido llegar a esta chapuza jurídica, algo que no ha ocurrido en otro lugar de Europa, por cierto. No es que nadie se manifieste por este asunto, sino que los políticos autores de este despropósito no están ni se les espera.
No es que me parezca bien que no hubiera limitaciones durante el peor momento de la pandemia, que se obligase a llevar mascarilla, a respetar las distancias, pero siempre esperas que los que deben dar ejemplo hagan las cosas bien. Es como aquel episodio del Hat Bar cuando la presidenta se saltaba las normas que ella exigía a los ciudadanos y además la Policía Local perdía el documento que demostraba el incidente nocturno.
Mi pregunta es: ¿Cómo se puede estar en contra de la ‘ley mordaza' y a favor de dos estados de alarma ilegales al mismo tiempo? ¿Dónde están los partidos que abanderan las libertades? Pero lo peor no es la nula reacción ante lo ocurrido, que realmente es grave, sino que algunos políticos (cada vez más y peor preparados) ataquen a los jueces cada vez que toman decisiones que van en contra de ellos.
Cuando recuerdo cómo actuaba la clase política en la década de los 90 y veo a los actuales dirigentes entiendo perfectamente que nos encontremos en este momento tan crítico de nuestra sociedad. Antes podían estar en desacuerdo, pero había cuestiones que no se tocaban. Las instituciones, sobre todo. Ahora han puesto a las instituciones al servicio de los partidos a cara descubierta y la sociedad, mayoritariamente, no se da cuenta de la gravedad de la situación. Y los que son conscientes de ello apenas reaccionan. Y me temo que la situación sólo puede ir a peor.