El TC, con las cuatro sentencias por las que declara inconstitucionales los dos estados de alarma, la suspensión de plazos reglamentarios, el cierre del Parlamento y el abandono en manos de las CCAA de la responsabilidad de gestionar la pandemia, ha presentado una verdadera moción de censura al Gobierno y ha dejado al Parlamento con sus miserias al aire.
Ha puesto en evidencia la concepción que Sánchez tiene del poder, que no es otra que los otros dos poderes del Estado deben quedar sometidos al Ejecutivo. También evidencia la pulsión autoritaria e intervencionista del presidente, que secuestró el Parlamento dejando suspendidos nuestros derechos y libertades, al sustraer al control de la oposición su gestión política y la aprobación de leyes y decretos que hoy deberían ser derogados. Pero cuando le interesó, soltó las amarras del poder, como fue el caso de la dejación de funciones al ceder a las CCAA la gestión de la pandemia, que la ley que regula el estado de alarma atribuye al presidente. Lo hizo, primero, porque este país es difícil de gobernar con dos comunidades que no se dejan y, segundo, porque le exigía el desgaste propio de las decisiones impopulares. No le importó dejar a aquellas sin atribuciones para limitar libertades, al albur de que los jueces estimaran correctas o no sus acciones. Él se reservó el éxito de las vacunaciones, en las que para nada había intervenido fuera del estampillado con el sello del Gobierno de España de las cajas de vacunas que nos mandaba la UE.
El varapalo del TC no es menor para el Parlamento. Esa actitud perruna de la mayoría de los diputados al aceptar sumisamente el atropello del Ejecutivo, con desprecio de los ciudadanos que representaban, debería haberlos abochornado, y obligado a dimitir a todos aquellos que votaron a favor del confinamiento, incluso a los que se abstuvieron en algo que no permitía medias tintas.
La puerilidad de argüir que con esa medida se salvaban vidas es querernos hacer creer que las leyes democráticas están en contra de la vida. Se podía haber confinado de acuerdo con la legislación vigente, lo que no hubiera sido posible es aprovechar la pandemia y sus 150.000 muertos, para desahogar la pulsión autoritaria del presidente.