E l camino a los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se desbroza. Se han llegado a acuerdos importantes entre los socios de la coalición, con un desenlace clave: unas cuentas expansivas, de perfil social y con un claro componente inversor. Los fondos europeos engrasan las partidas en más de veinticinco mil millones de euros, con apuestas esenciales en campos determinantes, como la digitalización y la descarbonización energética. La economía más ortodoxa y los partidos de derechas y extrema derecha que la avalan han puesto el grito en el cielo, tildando de intervencionistas tales números: una posición difícil de entender en el contexto europeo, cuando palestras significativas liberales, como The Economist o el Financial Times, junto al Fondo Monetario Internacional, están por una expansión inequívoca del gasto público. La contrapartida es invariable para el conservadurismo político y económico: bajar impuestos, flexibilizar mercados. Lo vemos en comunidades autónomas y esa senda está también espoleada por la derecha balear. Esas voces advierten sobre hecatombes futuras ante los PGE 2022: deuda, déficit e inflación.
Pero no existen razones importantes para determinar que inversión y gasto van a causar inflación, siempre que la economía disponga de recorrido para crecer, es decir, no esté funcionando en toda su capacidad disponible. Hacer inversiones que amplíen la economía por su perfil estratégico no debe causar inflación, en confrontación con las inversiones que solo colocan dinero en una economía llamemos estática. Las primeras inversiones amplían el pastel en lugar de aumentar el dinero en un pastel ya existente.
En segundo término, las inversiones públicas a largo plazo, orientadas por visiones de carácter estratégico (netamente transformadoras), tienen mayores efectos multiplicadores, con la creación de impactos intersectoriales. Hablamos, en efecto, de inversión pública estratégica, planteándose respuestas a retos concretos, como el cambio climático, la transición energética y la diversificación económica. En tal sentido, los gobiernos no deben actuar solo como correctores de los llamados errores de mercado, sino que han de tener la audacia de perseguir la creación de nuevos mercados y, por tanto, de valores también nuevos. Pasar del gobierno entendido como prestamista de última instancia, a la idea medular de que es el inversor de primer recurso.
Los gobiernos inducen e invierten en el sector privado; por tanto, no sería desaconsejable que esa inversión pudiera tener algún retorno, algún rédito, en función de las acciones o de la cuota inversora. Esos retornos podrían utilizarse para financiar nuevas innovaciones en el futuro. Nada es gratis. Los gobiernos deben marcar sus reglas del juego, sus exigencias ante su planificación inversora que redunda en el tejido privado, cuando se trata de subvencionar, ayudar o rescatar empresas e incluso sectores casi enteros. Entre estas exigencias, cabe citar formar a los trabajadores, más inversión privada en I+D y reducir impactos ambientales. La inversión pública, herramienta decisiva para la recuperación económica: bienvenidos sean estos presupuestos.