Mal momento ha elegido Pedro Sánchez para refrescar su proyecto de llevar a cabo una descentralización institucional o, por emplear sus propias palabras: abrir un debate leal, pero sano y necesario, sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país y no solo en la capital de España. Así arrancó días atrás el presidente en la clausura del Foro La Toja sin dar demasiadas explicaciones.
Últimamente, las delicias informativas salen de convenciones y otros saraos, lo que lleva a uno a preguntarse para qué tienen el Congreso. A juicio de Sánchez, ello ayudaría a afrontar el reto demográfico, creando empleos y fijando población. En realidad no se trata en esencia de una propuesta original. Cabe recordar que en 1992 Pasqual Maragall promovió el traslado del Senado a Barcelona.
Igualmente, Rodríguez Zapatero logró que se aprobara el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones de Madrid a Barcelona, aunque el Tribunal Supremo lo anuló en respuesta a un recurso de la Comunidad de Madrid. Y en esa piedra se puede volver a tropezar ahora, al compás del lenguaje algo cantinflesco de «España es Madrid y Madrid es España»; claro y Badajoz es, bueno, pues eso, lo que tiene que ser.
Pero Ayuso y su PP particular –el de Casado cada vez cuenta menos– se van a poner farrucos. Piensa Sánchez en mandar a provincias algunos departamentos ministeriales, dicen también que a organismos como Correos, AENA, etc. En este país, el centralismo suele ser patrimonio de la derecha, con independencia de que se tome en serio. Madrid es plaza segura.