Encargarse de comunicación política en España y particularmente en Baleares es heroico porque, además de vender el producto, lo cual va en la nómina, hay que hacerles el trabajo de idearlo, construirlo y explicarles cómo es el mercado, cosa que ocurre cuando el cliente es infecto. Nuestros políticos no piensan, por lo cual no tienen nada que decir y, en consecuencia, no gestionan. Se limitan a pagar a quien sepa para así camuflar sus carencias. Ergo, no les queda otra que acudir a las trivialidades emocionales. Ya bastante tienen con presentarnos un programita electoral; imagínense aplicarlo.
Encima, han visto en la televisión que un político se reúne en ‘cumbres', que quedan muy bien. Son encuentros en lugares suntuosos –la pompa es vital cuando no hay más–, reuniones aparentemente serias, escuchando, perorando… Es una forma estupenda de construir una imagen. A veces hasta parece que saben lo que hacen.
La ‘cumbre' de agosto fue la conferencia de presidentes de consells insulars de Baleares, un órgano tan inservible como los mismos consells, pero que da una oportunidad para que los periodistas dediquen una página, un corte de voz, un ‘in situ' de televisión a todo este personal. Que la audiencia desprecie estos contenidos es una cuestión que ahora mismo no viene al caso; estamos hablando de construir una imagen de político estadista, no de a quién le interesa esto.
Así que alguien, antes del encuentro de Ibiza, le encargó al jefe de prensa, de gabinete o al primer director general que pasaba por allí, que busque algo que decir. En política, el último es siempre el que saca las castañas del fuego. No sé quién se dedica a esto en el Govern, pero merece nuestro aplauso porque ya se había lucido en la anterior ‘cumbre' con el presidente valenciano.
Ahora se le ocurrió que Baleares, como el resto de España, también tiene un problema demográfico. Ya saben: toda el país está desesperado porque la población abandona las provincias interiores en masa; les están haciendo el Ave para que regresen pero sólo ha servido para que ahora se marchen a trescientos por hora. En todos los encuentros de presidentes autonómicos, las dos Castillas, Aragón, Asturias y Galicia no paran de lamentar esta desertización y de pedir más dinero. Incluso parece que el Gobierno les ha escuchado y está preparando un documento que presentará en los próximos años para implementarlo en las próximas décadas y que dé resultados en los próximos siglos.
De manera que en la ‘cumbre' de Ibiza ha surgido el clamor balear por la demografía, pero al revés: nosotros tenemos superpoblación. La presidenta lanzó que en lo que va de siglo la población en Baleares aumentó un treinta y nueve por ciento y la riqueza per capita cayó un veinte por ciento. Ergo, los que vienen nos empobrecen.
Suena bien, ¿no? Ahora se trata de que patronales y sindicatos lloren a coro; que un profesor de la UIB haga un guión presuntamente científico –ya ha salido algún estómago agradecido a celebrar la idea– y tenemos respuesta a por qué la excelente gestión de nuestros políticos da pésimos resultados. Todos los partidos ya se han subido al carrito. Aunque algo no concuerda.
Primero, suena raro que la entrada de población nos empobrezca a nosotros que la recibimos igual que a los que la pierden. Nunca antes se había visto.
Segundo, Armengol llama «superpoblación» a 240 habitantes por kilómetro cuadrado, lo mismo que Cataluña o que Alemania, pero la mitad que Holanda, bastante menos que el Reino Unido, casi la mitad que el País Vasco y, horror, un tercio que Madrid. Vaya, Madrid debería ser más pobre que Burundi si este argumento fuera correcto.
Tercero, si otras regiones de España tienen más densidad que nosotros, ¿qué podemos aducir ante Madrid? ¿Vamos a pedir más dinero de forma extemporánea por un ‘problema' común pero que no preocupa a nadie?
Cuarto, damos a entender que más población es más gasto en servicios públicos, lo cual es verdad, pero el crecimiento del gasto nunca es proporcional al de la población porque el incremento de densidad permite optimizar recursos. El problema, precisamente, es el contrario: mantener las estructuras de servicios públicos cuando se va perdiendo población, porque los costes se han de repartir entre menos habitantes.
Para salvar la reunión de Ibiza y para cuatro debates el argumento está bien. Llevarlo a Madrid y que no se mueran de risa escuchando tamaña tontería será otra cosa.
Aunque, la verdad, siendo la región más rica del país, era mucho más débil decir que necesitábamos un régimen especial y nos atrevimos.