Recientemente la Eurocámara ha decidido se destinen un 25 % de las ayudas de la PAC a los eco-esquemas y esto supone claramente un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios.
Estas decisiones sencillamente se alejan de su verdadero objetivo; producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos. Resulta sorprendente que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, entre ellos los problemas de la cadena de suministro alimentaria superados por el esfuerzo de los ‘agricultores genuinos' se obvie el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa.
Como actual vicepresidente de CONPYMES quiero señalar serias contradicciones de la UE en este sentido. El sector agrario está obligado a asumir el Pacto Verde (Estrategias de la Granja la Mesa y Estrategia de Biodiversidad) y adaptar sus producciones a los más altos estándares de calidad y respeto medioambiental, que suponen para nuestros agricultores un incremento regulatorio y sobrecostes de producción, para lo que correspondería indefectiblemente reforzar el presupuesto de la PAC, así como introducir reformas de políticas de oferta en el sector agrario.
Al contrario, ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12 % del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para periodo 2021-2027. Ello supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados.
Por otra parte, de forma paralela la UE sigue firmando acuerdos de libre comercio (TLC) con terceros países que ahondan en la desregulación del mercado solo para grandes empresas multinacionales con posición de dominio de mercado, radicadas en estos terceros países, a las que se les permite incumplir el acervo comunitario de normas higiénico-sanitarias y el principio de precaución, y son además la puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la UE que sí que deben asumir los ‘agricultores genuinos', incrementando sus costes de producción, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo. Es una sentencia de muerte para las pequeñas y medianas explotaciones, representadas por los ‘agricultores genuinos', lastrando la productividad del sector primario y alterando la formación justa de precios que acabará perjudicando el interés general y nivel de vida de los consumidores de la UE.
El modelo de agricultura basado en el capitalismo inclusivo que defiende CONPYMES es el gran perdedor porque esta orientación de la PAC, que deja en manos de grandes empresas multinacionales con posición de dominio de mercado y fondos de inversión, con objetivos especulativos en la agricultura europea.
CONPYMES recuerda la importancia que el sector primario tiene para la economía española y mallorquina, y en concreto, para su capacidad de financiación, contribuyendo con su saldo neto positivo por cuenta corriente al actual saldo positivo de la misma y por consiguiente reforzando uno de los pilares básicos para evitar rescates de la economía española por organismos internacionales como sucedió en 2012 y cuya asistencia financiera todavía está siendo objeto de reembolso. Por otra parte, este sector será primordial para abordar el problema de la despoblación y de la descentralización económica y también política que España debería abordar para mejorar su productividad.
CONPYMES aspira que la nueva PAC sea inspirada por los principios del capitalismo inclusivo en oposición, tanto al capitalismo neoclásico-financiero, clientelar, rentista y extractivo, un nuevo capitalismo establecido sobre una economía de mercado social, comprometida con su entorno, basada en la igualdad de oportunidades, apoyado en un crecimiento económico sostenible y justo para todas las empresas, frente a los intereses establecidos por un capitalismo neoclásico, favorecedor de grandes empresas con posición de dominio de mercado, oligopolios y monopolios cuyas rentas excesivas suponen un incremento de los costes de producción de las Pymes y autónomos. Este capitalismo inclusivo se basaría en el impulso de la competencia, como base del libre mercado. Y todo ello persiguiendo una mejora de la productividad y del potencial de crecimiento que favorezca el interés general de la ciudadanía a través de la mejora de su nivel de vida, además de proporcionar un beneficio justo a Pymes y autónomos, como esencia de toda actividad empresarial.