Meses antes de la elección parlamentaria como jefe del Estado de Amadeo I de Saboya, uno de sus principales valedores, el ministro gallego Eugenio Montero Ríos elaboró la Ley para el ejercicio de la gracia del indulto, cuya finalidad era ordenar el perdón gubernamental para los participantes en la llamada revolución Gloriosa que depuso del trono a Isabel II.
Han transcurrido 151 años y durante este largo período todos los gobernantes han mantenido en vigor la citada norma, desde la primera república a Franco, incluyendo a todos los ejecutivos democráticos de Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Por supuesto, Sánchez ha acogido con profunda satisfacción la decimonónica prerrogativa de enmendar la plana a los jueces, aunque solo sea porque ello sirve eficazmente a su causa que –no nos dejemos engañar por la falacia del ‘reencuentro'– no es otra que conservar su propia silla hasta los siguientes comicios.
Cosa distinta a la inconfesable motivación política que alienta la gracia del indulto a los golpistas catalanes es que, efectivamente, aunque el móvil sea espurio y dudosamente legal, la medida consiga el efecto de contribuir a aliviar la olla a presión social que se vive en Catalunya. Ojalá.
Tengo amigos catalanes que no son precisamente independentistas y que celebran la excarcelación de Junqueras y compañía. Por una parte, porque les incomodaba sentirse partícipes morales de lo que ellos consideran severidad excesiva de los tribunales y, por otra, para no tener que aguantar a diario la turra del soberanismo y su indecente mantra de los presos polítics i exiliats.
De manera que, ciertamente, el indulto priva de uno de los principales argumentos victimistas al independentismo catalán. Por supuesto, el culebrón no terminará aquí, pero sus protagonistas podrían moderarse si es que no quieren volver a prisión, aunque siempre habrá algún iluminado dispuesto a proclamar una nueva DUI. Demasiada gente vive de este invento como para dejarlo aparcado.
El problema de estos indultos de claras motivaciones políticas es que no solo lavan la mancha del delito de sedición cometido, sino que, de paso, blanquean la malversación de caudales públicos de sus autores, aunque no por ello dejen de responder civilmente. Y aquí es donde se produce el tremendo agravio comparativo con centenares de casos precedentes. Es sencillamente ignominioso que mientras Junqueras y sus socios son perdonados de gastarse cifras millonarias en su representación teatral-patriótica, detrayéndolas de maltrechos servicios públicos, en Balears haya políticos cumpliendo largas condenas de prisión por participar –de forma más o menos difusa– en malversaciones cuya cuantía está a años luz de la del independentismo, sin que a ningún gobierno socialista se le haya ocurrido esgrimir el rastrero argumento sanchista de que la justicia constitucional no incluye conceptos como la revancha ni la venganza para rebajar la dureza de sus condenas.
Aclaremos que eso es solo así si Sánchez necesita tus votos, y en Balears carecemos de verdadera representación parlamentaria en el Congreso. Nuestros diputados son solo lacayos de franquicias estatales.
Por tanto, parafraseando a los secesionistas, los presos polítics de Balears cumplirán íntegras sus condenas.