La escasa presencia de manifestantes en la plaza de Colón el domingo, unos 25.000 según estimaciones de la policía municipal, la mitad de lo esperado, atempera el subidón de los tres partidos de derecha tras la victoria en las elecciones autonómicas en Madrid. Pero si la respuesta ciudadana hubiera sido masiva, no habría sido exagerado especular que la tibia coordinación política entre Vox, Partido Popular y Ciudadanos pudiera converger en una plataforma unificada; como ocurriera en 1933, cuando se fundó la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Su ideario fundacional era la defensa de la civilización cristiana, el conservadurismo político más reaccionario, robustecido en los años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-30), y el llamamiento constante a los valores de lo patrio, contra los nacionalismos incipientes, y, principalmente, contra el recién aprobado Estatuto de Catalunya (1932).
Me permito esa exageración porque con frecuencia se olvida que la historia se sucede reproduciendo episodios del pasado que se acomodan al presente para decantar resultados semejantes. No es que se busque terminar en una guerra civil pero sí en un golpe de timón político, ante la sola amenaza de la memoria del pasado. Esa fue la táctica que se utilizó durante la Transición, en esa estrategia diseñada de cambio político sin tocar las estructuras básicas anteriores.
El Ejército se renovó solo por el cambio generacional aunque aún permanece constitucionalmente ligado a responsabilidades salva patrias. Pero la Justicia y los filtros ideológicos para el acceso a las altas responsabilidades del aparato de Estado, permanecen influidos por los principios ideológicos, no políticos, del régimen anterior. La grieta que más chirría es que una parte importante de la población española no asume el estado autonómico como constitucionalmente está diseñado, es decir, como estadio intermedio hacia el Estado Federal. Ese, fue un gol al chovinismo español que se coló en la Constitución porque los políticos de la Transición no tenían idea de qué significaba el modelo federal y tragaron con las autonomías porque Catalunya y Euskadi había hecho cuestión innegociable del régimen foral y de volver al Estatuto catalán.
¿Qué pintan los parlamentos autonómicos si no fueran depositarios de soberanía regional, en los términos de cesión de soberanía establecidos por los Estatutos? De modo similar a cómo las instituciones europeas son depositarias de soberanías de los estados; por cesión de estos en los tratados de adhesión.
La explicación del estado autonómico, el coste del mantenimiento de las estructuras autonómicas, solo podía justificarse para un periodo relativamente breve de transición; mientras se realizaba el ajuste del estado unitario al estado federal. Pero el golpe de 23-F triunfó en su objetivo de bloquear la transformación federal manteniendo la ineficiencia de la actual duplicidad de funciones; injustificable económicamente y fuente de conflictos políticos que se retroalimentan.
En esta excepcionalidad de gobierno progresista, institucionalmente comprometido con la modernización económica, social e institucional del país, y poniendo vías de solución al conflicto abierto con Catalunya, las tres derechas pretenden un golpe de timón, incluso instar a un golpe de Estado en una pancarta, pidiendo al Rey que se niegue a firmar los indultos.
Ante esta situación extrema, que los medios de comunicación queremos minimizar, no vale cerrar los ojos como si estuviéramos ante la típica tensión de derechas e izquierdas. No existen paralelismos con el juego de poder que vemos en los estados europeos de referencia democrática. Estas tres derechas nacionales, con mayores o menores brillos, coinciden en su tibieza respecto al golpe contra la República y, aunque con afeites distintos, algunas llegan a justificar el franquismo.