Han estado apareciendo en fechas recientes diferentes noticias en el Periódico de Ibiza , de las que se han hecho eco la prensa náutica especializada y la prensa de ámbito nacional, sobre las irregularidades en una concesión en el puerto de la Pitiusa mayor, ámbito de la Autoridad Portuaria de Baleares. Se trata de Marina Ibiza, perteneciente a la empresa Servicios Marítimos Port d'Eivissa S.L., ligada al grupo de empresas y concesiones de Juan Riutord .
Según la información recogida en ese periódico, «Autoridad Portuaria de Baleares (APB) accedió a prorrogar casi siete años más la concesión de Marina Ibiza a la empresa Servicios Marítimos Ports d'Eivissa S.L. –pese a que había incumplido el pliego de condiciones con el que logró la concesión– con una serie de beneficios para la empresa imposibles de cumplir ante la falta de plan especial». Y añade que «aunque la empresa había incumplido de manera flagrante el pliego de condiciones del concurso público al haber aumentado la edificabilidad de la concesión, pese a estar terminantemente prohibido, la APB accedió a sus pretensiones».
Parece ser un hecho habitual para la Autoridad Portuaria premiar a las concesiones de este grupo empresarial, incumpliendo la ley tanto la APB como el concesionario. Efectivamente, si ahora se ha denunciado esta práctica en el puerto de Ibiza, desde algunas entidades ya hicimos lo mismo con la concesión de la que goza Servicios Técnicos Portuarios (STP) en los muelles comerciales del puerto de Palma.
Si en el puerto de Ibiza han construido la mayoría de infraestructuras sobre dominio público portuario sin licencia de obra y se ejercen también diversas actividades sin la preceptiva licencia de actividad, en el puerto de Palma disfrutan de una concesión prorrogada sobre la que han solicitado todavía más prórroga con ampliación, además, del espacio que ocupan, vulnerando en parte de la superficie y lámina de agua el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP), ya que está reservada en exclusiva al atraque de buques de mercancía y pasaje de línea regular, así como a las tareas de embarque y desembarque, no a la reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo, aspecto prohibido por la Ley de Puertos. Si en Ibiza están incumpliendo la Ley por no existir un Plan Especial, en Palma es peor todavía, ya que existe un Plan Especial y un PUEP vigentes que, con la Ley de Puertos en la mano, prohíben otorgar concesiones o autorizaciones en áreas asignadas a usos no compatibles con el objeto concesional, como ocurre en los muelles comerciales. Por supuesto, sin dejar de lado el gran impacto visual y medioambiental en esta zona tan sensible del puerto de Palma.
Habrá que recordar al presidente actual de la Autoridad Portuaria el compromiso con la ‘transparencia', de obligado cumplimiento para cualquier gestor público. Y preguntarle cómo las múltiples concesiones portuarias del grupo Riutord están disfrutando de sendas prórrogas discrecionales de sus concesiones en vez de sacarlas a concurso público en aras a la concurrencia.
Desde luego, al holding de empresas en las que figura Juan Riutord, mediante un entramado propio de una estudiada ingeniería mercantil a través del cual manejan múltiples concesiones portuarias, debería exigírsele también transparencia y claridad, no sólo hacia la Administración pública, sino hacia la ciudadanía. Ignoro si la Autoridad Portuaria es conocedora de toda la telaraña societaria que hay detrás y si ejerce un control sobre sus concesiones, obligaciones y negocios en un dominio que por imperativo legal es público.
Es cada día más necesario abogar por la transparencia de lo que ocurre en un espacio que también por naturaleza es de todos. Tome nota, presidente, de las palabras de la presidenta del Govern, Francina Armengol , que le ha nombrado y que el pasado martes 20 aseguraba en el Parlament que la transparencia había sido la obsesión del Govern desde el estallido de la pandemia.