La política fiscal es una herramienta esencial, junto a la monetaria, en esta coyuntura de incertidumbre. Tres aspectos emergen:
- La importancia de incidir sobre una subida salarial, que pasa por el aumento del salario mínimo interprofesional;
- Considerar de manera efectiva la productividad y la inflación como vectores a tener en cuenta para la fijación salarial;
- La estrategia por derogar la reforma laboral, que ha consolidado la precariedad contractual, y ha incidido en la permanencia del paro juvenil y en la calidad de empleo.
En estas coordenadas, describir políticas desde el lado de la oferta no abunda en un factor substancial: la procedencia de los recursos públicos para hacerlas posibles. Esto supone pensar en una política fiscal que sea progresiva. E, igualmente, activar nuevas propuestas de fiscalidad ambiental, más acordes con los graves problemas de externalidades que existen hoy en día. Al mismo tiempo, indicar que el potencial de la economía sólo se afecta a través de políticas de oferta supone una idea subyacente: la del funcionamiento perfecto de los mercados, en los que las rigideces y los efectos histéresis no juegan papel alguno. Como si los años de austeridad no hubiesen deprimido la demanda, con efectos duraderos y estructurales sobre la capacidad de crecimiento. Una política fiscal activa y expansiva tiene la capacidad de aumentar el stock de capital y, por tanto, contribuye a mejorar la productividad y la tendencia del crecimiento. Esto lo están asumiendo ahora en el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y la nueva administración norteamericana: entidades nada sospechosas de recalcitrante extremismo.
Las instituciones económicas subrayan que existen temas esenciales a abordar como el cambio climático, los problemas demográficos, los retos tecnológicos o los nuevos liderazgos en economía. Se está entendiendo que seguir con ritmos desaforados de producción y consumo de recursos naturales, de metales y de territorios, no va a garantizar la pervivencia del propio sistema económico. Esto ha llegado a los dirigentes políticos europeos para que aceptaran un programa de inversiones que contribuiría a paliar la crisis económica y, sobre todo, a contener los efectos del cambio climático. El Next Generation EU va en esa dirección.
La relación de este proceso con la deuda es relevante. La deuda se ha contraído siempre: primero, con más inflación, ya que reduce el valor de la deuda. El tema ahora podría enlazar con los planteamientos del BCE, que centra sus actuaciones en alcanzar una inflación superior al 2 %; segundo, con mayor crecimiento económico, que debería ser superior al alcanzado por la eurozona en los últimos años (con cifras inferiores al 1 %). La consecuencia de esto va a ser el aumento de déficits públicos –si se mantienen políticas de bienestar y estabilizadores automáticos– y de la deuda; tercero, repensando un nuevo Pacto de Estabilidad, para encarar con mayor solvencia la crisis presente.
Esta sería una parte del nuevo mainstream : otro orden económico sustentado sobre un cuidado estudio de casos y la aplicación de políticas económicas que configuren una ortodoxia que supera la anterior.